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Segundo juicio político a Trump comenzará este martes con un Senado dividido.

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El segundo juicio político («impeachment») al expresidente estadounidense Donald Trump comenzará este martes en un Senado dividido que difícilmente lo condenará por su responsabilidad en el asalto al Capitolio, y que demócratas y republicanos quieren zanjar lo más rápido posible.

Más de un mes después de que cientos de seguidores radicales de Trump irrumpieran en el Congreso durante una sesión clave para la transición de poder, el Senado juzgará al ya expresidente por un solo cargo del que le acusó la Cámara de Representantes en enero: el de «incitar una insurrección».

«Se trata del crimen constitucional más grave jamás cometido por un presidente», afirmaron los congresistas demócratas que ejercerán como «fiscales» del juicio político en un documento presentado este lunes.

LA ATENCIÓN DE WASHINGTON VUELVE A TRUMP

El juicio político volverá a centrar la atención de Washington en Trump menos de tres semanas después de que el expresidente abandonara el poder, pero no lo hará por demasiado tiempo: se espera que el proceso dure apenas una semana o diez días, según las negociaciones previas.

Tanto a los demócratas como a los republicanos les interesa un «impeachment» fugaz: los primeros quieren despacharlo para poder centrarse en las prioridades del nuevo presidente de su partido, Joe Biden; y los segundos temen las consecuencias de un largo debate sobre las polémicas acciones de Trump.

Los demócratas controlan el Senado y tienen las riendas del proceso, que estará presidido por el veterano senador de ese partido Patrick Leahy, pero a la hora de la verdad necesitarían convencer a 17 republicanos para poder condenar a Trump.

Eso se debe a que se necesita una mayoría de dos tercios (67 escaños) para declarar culpable al expresidente del cargo que enfrenta, y los demócratas sólo controlan 50 asientos, los mismos que los republicanos.

El partido de Biden es consciente, por tanto, de la improbabilidad de que el proceso acabe en una condena política y posterior inhabilitación de Trump para ocupar futuros cargos públicos, pero ha sentido aún así la necesidad de iniciar el juicio ante la gravedad del asalto al Capitolio, que se saldó con cinco muertos.

UN PROCESO INÉDITO

El proceso pasará a la historia en dos sentidos: porque convertirá a Trump en el primer presidente estadounidense que afronta dos juicios políticos -tras el celebrado hace un año por sus presiones a Ucrania-, y porque nunca antes se había sometido a un «impeachment» a un mandatario cuando ya no está en el poder.

Los abogados de Trump se han aferrado a ese último hecho y lo han convertido en el pilar principal de su defensa, al argumentar que es inconstitucional juzgar políticamente al expresidente cuando ya no está en la Casa Blanca.

«Se está pidiendo al Senado que haga algo patentemente ridículo: juzgar a un ciudadano privado en un proceso diseñado para expulsarle de un cargo que ya no ocupa», aseguraron este lunes los abogados Bruce Castor, David Schoen y Michael van der Veen, que representan a Trump.

En un largo documento de 78 páginas, los letrados pidieron desestimar el proceso contra Trump por considerarlo puro «teatro político» por parte de los demócratas, y tacharon de «absurda» la acusación de que el expresidente incitó el asalto al Capitolio.

Los abogados negaron que Trump instara a la violencia a sus seguidores en el discurso que les dio el 6 de enero justo antes del asalto al Capitolio, y en el que les pidió «luchar como nunca» para impedir que el Congreso certificara ese mismo día a Biden como ganador de las elecciones de noviembre.

«De las más de 10.000 palabras que dijo, el señor Trump usó la palabra ‘lucha’ un poco más de un puñado de veces, y siempre en un sentido figurativo (…); no fue y no pudo interpretarse como un aliento de actos de violencia», indicaron los letrados.

«LAS PRUEBAS SON ABRUMADORAS»

Los «fiscales» demócratas del juicio político no tardaron en responder, al argumentar en su propio documento que «las pruebas de la conducta del expresidente Trump son abrumadoras» y que «no tiene excusas válidas».

Mientras, ambos partidos ultimaban un acuerdo sobre el calendario y formato del juicio político, que comenzará este martes a las 13.00 horas (18.00 GMT) en el Senado, donde los cien senadores ejercerán como jurado.

El primer día se dedicará a evaluar si este juicio político es constitucional, algo a lo que los senadores dedicarán cuatro horas de debate, seguidas de un voto sobre el tema.

Numerosos expertos en la Constitución han opinado que el proceso es legítimo incluso si ya no puede resultar en la destitución de Trump, porque evalúa hechos que se produjeron cuando él todavía era presidente.

«No hay una ‘excepción de enero’ en la Constitución, que permita a los presidentes abusar de su poder en sus últimos días (de mandato) sin rendir cuentas», argumentaron los «fiscales» demócratas en su documento de este lunes.

El debate sobre la constitucionalidad es un salvavidas para aquellos republicanos más incómodos con Trump, pero que no se atreven a darle del todo la espalda, puesto que así tendrán una excusa para votar en contra de condenarlo.

A finales de enero, 45 republicanos votaron a favor de debatir sobre la constitucionalidad del proceso, en una señal del poco apetito que hay en el partido para condenar a Trump a pesar de la gravedad del asalto al Capitolio.

Una vez que el Senado decida que el proceso es constitucional, algo para lo que sólo necesitará una mayoría simple, el juicio político se retomará el miércoles a las 12.00 (17.00 GMT), cuando empezarán los argumentos de los fiscales y la defensa de Trump.

El «impeachment» se celebrará todos los días siguientes excepto el sábado, por petición de un abogado judío de Trump, y se retomará el domingo, con la perspectiva de terminar la próxima semana a no ser que se convoquen testigos.

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Chavismo acusa a EEUU de volver a la “guerra sin fin” tras ataque en Siria.

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La administración de Nicolás Maduro acusó este viernes a Estados Unidos de volver a una «guerra sin fin», luego de que el Gobierno de Joe Biden autorizase atacar varias posiciones y un cargamento de armas de milicias proiraníes iraquíes en el este de Siria.

«Es lamentable que Washington vuelva a la guerra sin fin y se aleje de la diplomacia y el derecho internacional», expresó en la red social Twitter Jorge Arreaza.

En el mismo mensaje, el canciller de Maduro indicó que el chavismo «condena enérgicamente el ataque militar» estadounidense y «expresa su firme solidaridad con el pueblo y gobierno de ese hermano país», en alusión a Siria y a su presidente, Bashar al Asad.

La llamada revolución bolivariana, presidida por Nicolás Maduro desde 2013, es una aliada política del régimen sirio, con el que sostiene intercambios comerciales que se mantienen a flote, pese a las sanciones económicas impuestas a Venezuela, especialmente desde Estados Unidos.

Apenas diez días después de un inusual ataque con proyectiles contra objetivos estadounidenses en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, la aviación de Washington atacó de madrugada a las milicias Multitud Popular y de Kataib Hizbulá por primera vez desde la llegada al poder de Biden.

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El Gobierno birmano depuesto pide en la ONU medidas contra el Ejército.

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El Gobierno birmano depuesto por el golpe militar del pasado 1 de febrero reclamó este viernes en Naciones Unidas que se tomen medidas contundentes para terminar con la toma del poder del Ejército y detener la violencia por parte de los uniformados.

«Necesitamos la acción más fuerte posible de la comunidad internacional para detener inmediatamente el golpe militar, parar la opresión de inocentes, devolver el poder al pueblo y restaurar la democracia», dijo el embajador birmano ante la ONU, Kyaw Moe Tun, ante la Asamblea General.

El diplomático, nombrado por el Gobierno derrocado, condenó el golpe e insistió en que hace falta más presión internacional sobre los militares para evitar que tenga éxito.

Su discurso tuvo lugar en una reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la crisis en el país, en la que la enviada de la organización a Birmania, Christine Schraner Burgener, informó a los Estados miembros de los últimos acontecimientos y les pidió que apoyen la democracia.

«Es importante que la comunidad internacional no dé legitimidad o reconocimiento a este régimen», señaló la representante de la ONU, que recalcó que el golpe es rechazado de forma muy amplia por la sociedad birmana.

«No hay justificación para las acciones del Ejército y tenemos que seguir exigiendo la revocación de esta situación inaceptable», insistió.

Schraner Burgener denunció además el asesinato de manifestantes pacíficos y las numerosas detenciones de líderes políticos, funcionarios y otros ciudadanos.

Estados Unidos, que ya ha sancionado al líder del levantamiento y a otros nueve oficiales, insistió en su condena del golpe y de la violencia contra los ciudadanos y llamó al Ejército a dejar el poder.

Lo hizo a través de su nueva embajadora ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, en el que fue su primera intervención ante la Asamblea General tras asumir ayer el cargo.

«Urgimos a todos los Estados miembros que están hoy aquí a usar todos los canales a su disposición para decir al Ejército de Birmania que la violencia contra los birmanos no será tolerada. Juntos, todos demostraremos al pueblo de Birmania que el mundo está mirando», señaló.

La Unión Europea (UE), por su parte, confirmó que está preparando sanciones contra los responsables del golpe en caso de que los intentos para lograr una solución negociada fracasen.

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Canadá rechaza persecución contra Guaidó y diputados electos en 2015.

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El Gobierno de Canadá expresó este viernes «su alarma por el creciente hostigamiento a Juan Guaidó y diputados de la Asamblea Nacional electos en el año 2015.

Mediante una nota de su cancillería, rechazaron la decisión de la administración de Nicolás Maduro de expulsar a la embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, como una medida de represalia ante las sanciones impuestas por el bloque europeo a funcionarios del chavismo.

Por último, Canadá advirtió que ninguna de estas medidas contribuye a restaurar la democracia ni a resolver la crisis en Venezuela.

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