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Provea: “En La Guajira las alcabalas limitan la vida de indígenas”.

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El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), señaló que desde la creación del Distrito Militar Nº 1 en la Alta Guajira en 2010, organizaciones indígenas de esa región han denunciado constantes atropellos por parte de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y agentes policiales, quienes han cometido excesos en el desempeño de sus funciones generando graves violaciones de derechos humanos, entre asesinatos, torturas, heridas, y allanamientos ilegales.

«La guajira venezolana es un territorio poblado por indígenas Wayúu y Añú. Ubicado al norte del estado Zulia y con una extensión de 2.369 kilómetros cuadrados, el municipio Bolivariano Guajira, tiene una población estimada en 75.058 habitantes. Desde hace varios años padece, junto a la Emergencia Humanitaria Compleja,  las consecuencias de la militarización del territorio y la actuación arbitraria de funcionarios militares y policiales, que -con sus abusos- incrementan las precarias condiciones de vida de quienes habitan la región», destaca Provea.

Desde 2017, la falta de gasolina, y el colapso en los servicios públicos, han generado un dramático deterioro en las condiciones de vida de los habitantes estas comunidades, generando un daño irreparable a la cultura de estos pueblos y empujándolos al desplazamiento forzoso, apuntó la organización.

En 2020, el Decreto de estado de Alarma -producto de la pandemia generada por el COVID-19-, fue acompañado con toques de queda en el municipio Guajira, que propiciaron el aumento de la presencia militar. Así, aumentaron las dificultades en los modos de subsistencia  en los municipios de la subregión Guajira.

Recorrer la carretera Troncal del Caribe, desde el municipio Mara, hasta La Guajira, es una calamidad para cientos de miles de pobladores. Salir de Maracaibo, y recorrer los 114 kilómetros que lo separan de Paraguachón -en la frontera con Colombia- implica atravesar al menos 12 alcabalas de la policía del estado Zulia, la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, policías municipales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Ejército.

Quienes no cuentan con documentos como diagnósticos de Covid-19 o pasaporte vigente, deben entregar dinero a los agentes de seguridad. “Bajarse de la mula” es un término generalizado por la mayoría de funcionarios que extorsionan a quienes atraviesan la carretera internacional Troncal del Caribe. Entre  5$ y 30$ es la “tarifa plana” que se cobra en cada punto de control. El tránsito por la troncal es una travesía por el riesgo que implica ser víctima de los abusos de policías o militares.

“Nos quitan dinero por todo, llegar aquí es una desesperación, uno viene huyendo por la crisis del país y nos quitan más dinero del que tenemos, nos quitaron 30 dólares”, denunció Nainelis Montenegro, quien migraba a Medellín, en la vecina Colombia.

Omar Prieto Fernández,  prohibió  las alcabala móviles,  una medida que no se cumple y  no ha disminuido los abusos. Pese a ello, la medida fue un reconocimiento de los abusos que se cometen a diario en los puestos de control.

Choferes que se rebuscan en medio de una crisis de transporte

“No nos dejan trabajar casi, desde que salimos de Maracaibo del Core 3 desde allá, comisión que se pare en la vía nos quieren quitar cobre (expresión regional de dinero), nos piden la prueba del Covid, que si la prueba PCR, empiezan a martillar, a forzarnos le demos dinero, y se meten con los pasajeros. No nos dejan trabajar y hay que decir la verdad, hay que darles plata”, así lo señalo un chofer que prefirió no identificarse.

La movilidad en esta frontera se ha vuelto un negocio de corrupción aplicada a quienes intentan cruzar esta región fronteriza convirtiéndola en una zona de anarquía, afectando a los viajeros y hasta los mismos residentes.

Tal arbitrariedad de quienes deberían garantizar protección, motiva que las personas se atrevan a pasar por las llamadas trochas, que son caminos de riesgo controlados, como ya anotamos, por mafias. Algunos prefieren cruzar la frontera usando las trochas igualmente porque resulta más económica, se le paga menos a las mafias que ejercen el control. Eso también abre oportunidades para quienes aprovechándose de las necesidades de las personas, recuren a la trata de personas y otros delitos aumentando el riesgo de los migrantes forzados y de quienes también cruzan para comprar artículos de primera necesidad.

Por la Troncal, en el último punto de control en Paraguachón,  a escasos ocho kilómetros de Maicao,  se encuentran cuerpos de seguridad, más los funcionarios del Saime. Los funcionarios de cada uno de esos organismos hace su respectiva extorsión. Así algunos funcionarios de la GNB, de la Policía Nacional Bolivariana y Saime hace su negocio. Excepcionalmente, sobre todo cuando hay rotación de personal y están nuevos en esa alcabala, se consigue a funcionarios que no cobran y al contrario prestan apoyo, pero es la excepción. También ocurre cuando en los medios las denuncias salen publicadas. Por eso las denuncias permiten a veces aliviar un poco tanta presión a las personas.

En Paraguachón son múltiples las trochas para evadir precisamente la alcabala, y en la actualidad una de las alternativas más usadas sobre todo por personas de muy bajos recursos pues al tener que pagar menos economizan utilizando esa vía ilegal, sin embargo, los riesgos también son altos y genera otro tipo de abusos.

Sorteando todas esas dificultades, con la adrenalina a mil sobre todo por quienes no transitan con frecuencia esas vías  para llegar hasta Colombia, los ciudadanos de fronteras así como los que vienen de otros estados no les queda más alternativa que  cruzar la línea fronteriza para  mitigar sus necesidades y así poder  sobrellevar la difícil situación, una acción de alto riesgo y que produce para unos más pobreza y para otros riqueza a costa del ampliar el sufrimiento de la población.

Es por eso que  la complejidad  de las relaciones  sociales actuales de esta zona  ha posibilitado  que en la fronteras  se originen problemas de orden  legal como redes de contrabando administrada por mafias y reforzada por las presencia de grupos armados al margen de la ley que se suman a la fragilidad de ambos países  e intimidando  aquellos que transitan por esta línea fronteriza colombo venezolana .

Consideraciones sobre la Política Fronteriza del Estado venezolano: caso Guajira

El Estado Venezolano está en mora con sus regiones fronterizas. Carece de una política de relación inter-fronteriza en la búsqueda de la tan anhelada integración latinoamericana prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y convenios internacionales suscritos.

Mientras el tratamiento de fronteras lo configuran los Estados-Naciones, en el marco de la política internacional con la tutela de las respectivas cancillerías o los organismos encargados de la política exterior. En Venezuela además de estas figuras, también la política interna participa a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia  y Paz en conjunto con otros organismos del Poder Ejecutivo y Legislativo tanto nacionales como regionales. Sobre ellos recae  la compleja responsabilidad de intervenir los temas de seguridad, soberanía, planificación, integración, ordenación territorial, persecución al narcotráfico y otros delitos, tenencia de la tierra, salud, ambiente, educación, infraestructura y calidad de vida, entre otros aspectos.

En el Estado Zulia, las decisiones políticas fronterizas parecieran alejadas de la realidad que se vive en las mismas, en las cuales se ha visto una militarización excesiva en la última década, cierre del libre tránsito, sin que la mayor presencia militar signifique brindar mayor seguridad. Además no  inexisten planes de desarrollo humano acorde a las condiciones culturales de las comunidades nativas y, ninguna medida hasta los momentos ha solucionado los problemas de soberanía, contrabando, extracción de combustible, delincuencia, pobreza, hambre y miseria de la población. Contrariamente los nativos de la zona son vulnerados sistemáticamente en sus derechos.

La política de Estado, implementada en el contexto pandemia, indica que no hay claridad del fenómeno fronterizo, considerando que este no sólo se reduce a un problema de límites y cuidado de los mismos, sino al desarrollo progresivo de esos espacios con impacto integral en sus ciudadanos, sus identidades y relaciones con los otros, por cuanto las características de frontera configura una dinámica social muy particular para sus pobladores en donde estos, construyen sus modos de vida y códigos específicos de subsistencia.

La realidad actual de la frontera en la Guajira venezolana es anárquica producto de la desidia gubernamental y ausencia de una política fronteriza coherente y asertiva. En virtud de ello, los pobladores cansados de promesas incumplidas y con necesidades de alimentos, incurren constantemente en protestas,  por esa importante arteria vial internacional que comunica con Colombia, con la respuesta represiva y militarización de la zona limítrofe, incurriendo los funcionarios en excesos. Así a la denuncia, al reclamo social, se responde con violencia institucional que se traduce en detenciones arbitrarias, maltratos e incluso asesinatos como lo han denunciado organizaciones de derechos humanos en el estado Zulia y reportado diversos medios de comunicación.

Los pueblos fronterizos tanto del estado Zulia no pierden la esperanza que en algún momento se empiecen a desarrollar políticas de frontera integrales, donde el centro sean las familias que habitan y los resultados de esas políticas sean mejorar las condiciones de vida, respetando en en caso de los pueblos indígenas, su cultura y terriotorios.

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Comité de la ONU preocupado por la expulsión de venezolanos en Chile.

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El Comité de Derechos de los Trabajadores Migrantes de Naciones Unidas expresó hoy su preocupación por la expulsión de Chile de cientos de migrantes, incluidos ciudadanos venezolanos, y recordó que las convenciones de la ONU prohíben las expulsiones colectivas y éstas deben examinarse individualmente.

Dos de estas expulsiones ocurrieron el pasado febrero, indicó en un comunicado la comisión después de revisar la situación de los trabajadores migrantes en Chile durante su última sesión.

Los expertos de la ONU subrayaron no obstante que Chile ha mejorado en aspectos como la aprobación de la Ley de Migración y Extranjería, «que tras ocho años de discusión, trae cambios positivos en consonancia con la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes».

En el apartado de recomendaciones, el comité pidió a Chile especial protección al derecho a la salud de los migrantes en el actual contexto de pandemia y «desarrollar medidas para eliminar la xenofobia y los estereotipos discriminatorios».

También sugirió medidas de gestión de fronteras que «estén en consonancia con el principio de no devolución y la prohibición de expulsiones arbitrarias y colectivas», así como más restricciones en el uso de Fuerzas Armadas en los controles fronterizos.

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Colegios privados insisten en retorno seguro a las aulas.

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El presidente de Asociación de Institutos Educativos privados (Andiep), Fausto Romeo Monte, considera que se debe buscar la forma de permitir un regreso a clases no de forma masiva, pero sí seguro, ante el crecimiento de casos por covid-19.

«No podemos estar con otro año escolar paralizado», dijo en entrevista concedida al programa Dos más Dos de Unión Radio, tras recordar que en Venezuela aún no se avanza respecto al tema de la vacunación, lo que estima podría tardar unos 6 u 8 meses mas.

Romeo manifestó preocupación por que han observado un descenso en el nivel académico de algunos estudiantes. «Vimos notas de estudiantes de 20 puntos bajando a 12 o 14, el índice de reprobados aumentó vertiginosamente desde el primer lapso y eso se mantiene», explicó el representante del sector educativo.

Aunque reconoció que algunas instituciones han abierto sus puertas con 20 o un 25 por ciento de asistencia una o dos veces a la semana, dijo que no todos los colegios lo han podido hacerlo, incluso hoy en día hay maestros que no conocen a sus alumnos, lo que puede entorpecer el proceso de enseñanza.

Asimismo, dijo que no solo se trata del aspecto cognitivo sino el emocional y social, los que se han visto afectados con el cierre de escuelas. Reiteró la propuesta del sector al Estado de aceptar que los protocolos sean establecidos por cada institución.

Reiteró las dificultades en la conectividad para lograr una comunicación efectiva entre estudiantes y docentes.

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Nombrarán un “protector” para la UDO violando así su autonomía.

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El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, y el Ministro de Educación Universitaria, César Trompiz, anunciaron que Nicolás Maduro designará un «protector» para la Universidad de Oriente (UDO), porque, según ellos, «la rectora abandonó» esa casa de estudios.

Esta decisión arbitraria no es nueva para quienes ostentan el poder en Venezuela, a varios estados como Táchira y Nueva Esparta, así como en Miranda, cuando era gobernador Henrique Capriles, le fueron impuestos también «protectores» para suprimir funciones de los mandatarios electos y seguir directrices de Nicolás Maduro.

En esta oportunidad, el yugo le cae ahora a la rectora de la UDO Milena Bravo, quien perderá potestades administrativas frente a la nueva directiva impuesta por el PSUV, lo que viola descaradamente la autonomía universitaria.

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