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Militares acusan a los manifestantes de incitar la violencia en Birmania.

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La junta militar de Birmania (Myanmar) acusó este martes sin pruebas a los manifestantes prodemocráticos de violentos y de atacar a la policía, mientras que se presentaron más cargos contra la líder depuesta, Aung San Suu Kyi, en medio de nuevas movilizaciones.

En la primera rueda de prensa desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero, el portavoz del Ejército, Zaw Min Tun, indicó que los manifestantes antijunta también están amenazando a los funcionarios a unirse al movimiento de desobediencia civil.

Zaw Min Tun volvió a justificar el levantamiento militar por el supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre y reiteró la promesa de celebrar nuevas elecciones y ceder el poder al ganador en el margen de un año, informó al cadena BBC.

La comparecencia se celebró en la capital, Naipyidó, donde muchos medios locales decidieron no acudir en señal de protesta por contra los militares, que ya gobernaron con puño de hierro el país entre 1962 y 2011.

Las declaraciones de los militares se producen después de que las fuerzas de seguridad han sido criticadas por la ONU y otros países por el excesivo uso de fuerza, incluidos cañones de agua y munición de goma y real, para dispersar las protestas.

Nuevos cargos contra Suu Kyi

La Policía birmana presentó este martes un nuevo cargo contra Suu Kyi por vulnerar supuestamente la ley de desastres naturales, según confirmó a Efe su abogado, Khin Maung Zaw.

La nobel de la paz y consejera de Estado, bajo arresto domiciliario desde el golpe militar, fue acusada el 3 de febrero por importación ilegal de un dispositivo telefónico, lo que acarrea una pena máxima de tres años de prisión.

El presiente, Win Myint, también bajo arresto, está acusado de quebrantar las medidas de distanciamiento social impuestas por las pandemia al organizar un acto electoral al que asistieron más de 30 personas.

Protestas en rangún y otras ciudades

Según el medio Myanmar Now, la policía usó hoy cañones de agua y disparó munición de goma contra unos manifestantes en Myaung Mya, situada a unos 184 kilómetros al suroeste de Rangún, la ciudad más poblada y el centro económico del país.

Otras protestas en Rangún, aunque menos numerosas que otros días, se concentraron cerca Banco Central, las oficinas de Naciones Unidas y la Embajada de Estados Unidos, entre otros lugares.

Las manifestaciones contaron con la presencia de monjes, quienes portaban pancartas contra el golpe militar, lo que a muchos recuerda a la conocida como Revolución Azafrán de 2007 contra los militares que estuvo liderada por los bonzos budistas.

Muchos asistentes llevan carteles de Suu Kyi, de 75 años y que ya pasó 15 años bajo arresto domiciliario durante la anterior junta militar, mientras que otros se han rebelado sumándose al movimiento de desobediencia civil.

Tanto Naciones Unidas como Estados Unidos y la Unión Europea han pedido la liberación de los detenidos en Birmania y que se restaure el Gobierno elegido en las urnas el pasado noviembre, al tiempo que han exigido que se respete el derecho a la protesta pacífica.

La viceportavoz de la ONU, Farhan Haq, dijo hoy que la enviada especial de la ONU para Birmania, Christine Schraner Burgener, mantuvo una conversación telefónica con el número dos de la junta birmana, Soe Win, para pedirle que se respete el derecho de los manifestantes.

«Ella ha expresado a los militares birmanos que el mundo está atento y cualquier respuesta excesiva (a las manifestaciones) tendrá probablemente consecuencias serias», dijo Haq, según un comunicado de la ONU.

Apagones de internet

Los birmanos también temen que esta noche se vuelva a producir un apagón de internet, como los provocados por las autoridades en las dos noches pasadas y también en los pasados días 1 y 6 de febrero.

La junta militar también ha bloqueado redes sociales como Facebook y Twitter, aunque muchos se saltan la prohibición a través de programas VPN, a la vez que ha reformado las leyes para restar derechos fundamentales y permitir detenciones arbitrarias.

La junta militar, encabezada por el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre en los que la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, arrasó, como ya hizo en 2015.

Un total de 426 personas han sido arrestadas desde el levantamiento militar, de los que 391 siguen detenidos, según los últimos datos recogidos por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).

#EFE.

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Piden a Biden no reabrir centro de menores migrantes.

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Las organizaciones Earthjustice y American Friends Service Committee (AFSC) afirmaron este martes que el centro de detención de menores indocumentados de Homestead, al sur de Miami, es «tóxico e inseguro» por contaminación del suelo y el agua subterránea y pidieron al Gobierno de EEUU su cierre permanente.

«La administración de (Joe) Biden debería centrarse en reunir a los niños con sus familias, en lugar de ampliar su capacidad para detener a los menores», dijo Guadalupe de la Cruz, directora del programa para jóvenes y trabajadores agrícolas de AFSC.

Según informaciones publicadas en la prensa, el Gobierno del demócrata Joe Biden se propone reabrir el centro de Homestead, a 40 kilómetros de Miami, como un «refugio» para menores migrantes de 13 a 17 años, algo que De la Cruz calificó hoy de «inconcebible».

Las dos organizaciones reclamaron en un comunicado que no solo no se reabra ese centro sino que se libere a todos los migrantes en centros de detención en EE.UU. por condiciones insalubres.

El terreno donde está instalado el centro de Homestead, que fue abierto en 2016 y cerrado en 2019 por la Administración de Donald Trump a raíz de numerosas protestas y polémicas, perteneció antes a una base de la Fuerza Aérea y está situado cerca de un lugar que «que contiene ocho puntos críticos contaminados por 16 contaminantes diferentes», dice el comunicado.

«Los contaminantes que se encuentran en el suelo y el agua subterránea de esta área incluyen metales, pesticidas, compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, y compuestos volátiles clorados como resultado de fugas, derrames, manejo de desechos de materiales peligrosos y otros procesos industriales y militares», señalan.

Las dos organizaciones agregan que «muchos de estos contaminantes son carcinógenos humanos y causan una variedad de problemas de salud crónicos como insuficiencia renal, anemia hemolítica y otros daños en el desarrollo».

Desde 2019 Earthjustice ha presentado solicitudes de la Ley de Libertad de Información (FOIA) a diversas entidades públicas en busca de documentos sobre contaminación potencial y otros riesgos de seguridad en el centro de Homestead.

«No hay garantía ni indicios de que esta instalación sea segura para los niños detenidos allí. Sabemos que el área aledaña está plagada de contaminantes ambientales generalizados, y la falta continua de transparencia y la falta de respuesta a nuestras solicitudes de FOIA para obtener más información es increíblemente preocupante», dijo Dominique Burkhardt, abogada de Earthjustice.

Las dos organizaciones advirtieron en el comunicado que «las condiciones en las instalaciones de Homestead no son únicas».

«El gobierno estadounidense sigue mostrando un flagrante desprecio por la salud de los detenidos, incluida la esterilización forzada, el uso de desinfectantes químicos industriales en otros centros de detención de migrantes, los brotes incontrolados de covid-19 y el intento de construir otras instalaciones en lugares altamente tóxicos como los llamados Sitios Superfund», señalan en un comunicado.

Estas fallas constantes han creado «condiciones que hacen imposible mantener a salvo a las personas bajo custodia y, por lo tanto, pedimos la liberación inmediata de todas las personas detenidas en centros de detención de migrantes», agregan.

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Asociación de Abogados de África exige liberación de Alex Saab.

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La Asociación de Abogados de África exigió el lunes al gobierno de Cabo Verde que libere al empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro, por considerar ilegal la detención ocurrida en junio de 2020.

Hannibal Uwaifo, presidente del colegio, dijo en una rueda de prensa que la detención de Saab viola los protocolos de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la Carta de la Unión Africana y que, además, representa una grave violación del derecho internacional.

El abogado dijo querecibieron una petición de Camilla Fabri, esposa de Saab, para que investigaran el asunto. Posteriormente, el Consejo de Gobierno de la asociación autorizó a sus Comités de Derechos Humanos y Derecho Internacional a realizar las averiguaciones.

“El comportamiento ilegal del gobierno de Cabo Verde no solo puede desprestigiar a la Cedeao y la Unión Africana, sino que también abre el camino para que los grandes países violen el estatus diplomático de nuestros diplomáticos por excusas endebles o conveniencia política”, advirtió Uwaifo, reseñó el periódico nigeriano Vanguard.

“Esta situación inaceptable también puede alentar a otros países dentro de la Cedeao y la Unión Africana a sucumbir a las presiones ilegales, violar los Protocolos y tratados de la Cedeao y la Convención de Ginebra. Esto, a su vez, conducirá al caos y al colapso total de nuestra tan preciada cohesión como grupo subregional”, añadió.

Como defensores y custodios del estado de derecho, señaló la Asociación de Abogados de África, la situación resulta embarazosa. Por lo tanto, aconsejó al gobierno de Cabo Verde seguir la línea de la legalidad, respetar el estado de derecho y liberar de inmediato a Saab para que continúe con las supuesta misión diplomática que le delegó el régimen de Maduro.

“Si Cabo Verde no sigue este camino de la legalidad, la Asociación de Abogados de África puede verse obligada a pedir sanciones integrales contra el país por parte de la Cedeao, la Unión Africana y la Organización de las Naciones Unidas”, expresó Uwaifo.

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Reportan fluctuaciones eléctricas en algunos estados del país.

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Este martes usuarios en las redes sociales hacen un llamado a Corpoelec, en vista de las fluctuaciones eléctricas que sufren.

Parte de Miranda, zonas de Anzoátegui y Aragua, fueron algunas de las entidades que reportaron la afectación.

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