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Politica

La ONU analizará impacto de sanciones en Venezuela .

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Naciones Unidas enviará a una experta para analizar el impacto en los derechos humanos de las sanciones impuestas unilateralmente a Venezuela, anunció este viernes la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH).

La relatora especial sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, la bielorrusa Alena Douhan, viajará al país latinoamericano del 1 al 12 de febrero, precisa el ACNUDH en un comunicado.

Douhan explicó en el texto que su objetivo es examinar «si la adopción, el mantenimiento o la aplicación de sanciones obstaculiza la plena realización de los derechos humanos de las personas y en qué medida».

La enviada tiene previsto reunirse con altos funcionarios del Gobierno, del Parlamento y del Poder Judicial, así como representantes de organizaciones internacionales, diplomáticos, oposición y sociedad civil, entre otros.

Sus primeras conclusiones las expondrá en una rueda de prensa el 12 de febrero a las 14H00 locales (18H00 GMT), en un hotel de la capital venezolana. El informe final llegará en septiembre de 2021.

El nuevo parlamento de Venezuela, de corte chavista, urgió la semana pasada a Naciones Unidas a «adoptar todas las medidas a su alcance» para poner fin a las sanciones y pidió la liberación de recursos bloqueados para comprar vacunas contra el covid-19.

Washington, que considera «fraudulenta» la reelección de Nicolás Maduro en 2018, lidera la presión internacional por un cambio de gobierno con sanciones financieras que incluyen un embargo petrolero vigente desde abril de 2019.

La Unión Europea (UE) también impuso sanciones individuales contra responsables de atentar contra la democracia o los derechos humanos en el país, aunque evita sancionar a sectores económicas para evitar un deterioro de la crisis económica.

VÍA AFP.

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Politica

Maikel Moreno entregó proyectos de reformas de leyes a la AN del 6-D.

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Maikel Moreno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, entregó los proyectos de reformas del Código Orgánico Procesal Penal, Código Penal, Código Procesal Civil y de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, que preside Jorge Rodríguez.

Moreno no dio detalles de los cambios que propone para dichas leyes, pero dijo que buscan adaptar los procedimientos y normas legales y jurídicas a las nuevas realidades del pueblo venezolano, según reseñó la nota de prensa.

El magistrado indicó que el Poder Judicial, que dirige está a disposición para colaborar para que se materialicen estas reformas.

Vía 800Noticias.

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Politica

Guaidó: Expulsión de la embajadora de la UE obedece a la soberbia de Maduro.

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El líder opositor venezolano Juan Guaidó se solidarizó este miércoles con la embajadora de la Unión Europea (UE) en el país, Isabel Brilhante, de quien dijo ha demostrado apoyar los derechos humanos y la democracia, tras ser anunciada su expulsión.

«Nos solidarizamos con la embajadora de la UE en Caracas, quien siempre ha demostrado estar (en) apoyo de los derechos humanos y la democracia en Venezuela en nombre de Europa», subrayó el opositor en un mensaje publicado en Twitter.

En su opinión, la decisión está movida por la soberbia de Maduro, ante «el fracaso del fraude» de las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre.

A esos comicios no acudió el sector que lidera Guaidó al considerarlos un fraude.

En esa jornada, el oficialismo obtuvo el 92 % de los escaños de una Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que comenzó su labor el pasado 5 de enero en sustitución de la anterior Cámara, en la que la oposición tenía mayoría.

Precisamente, la UE aprobó este lunes sanciones a 19 funcionarios del país, entre los que se encuentran varios diputados disidentes de la oposición.

Las nuevas medidas son una respuesta a las elecciones de diciembre pasado que la UE no reconoció, puesto que consideran que no cumplieron los estándares democráticos.

Frente a ello, Guaidó cree que los comicios han aislado «más del mundo» a Maduro y «pretende arrastrar al país con el».

Este miércoles, el Gobierno venezolano declaró a Brilhante persona non grata y le dio un plazo de 72 horas para abandonar el país.

«Hoy, por decisión del presidente Nicolás Maduro, hemos entregado en sus manos, a la señora Isabel Brilhante (…) la declaratoria como persona non grata (…) Se le ha dado un plazo de 72 horas para abandonar el territorio venezolano», dijo el canciller Jorge Arreaza tras reunirse con la embajadora.

La decisión la adoptó el Ejecutivo un día después de que la AN aprobase un día antes un acuerdo mediante el que solicitaba a Maduro la expulsión en respuesta a las sanciones.

Vía EFE.

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Politica

Chile cambia su política migratoria y crece hostilidad hacia la migración venezolana.

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La imagen de 87 migrantes, la mayoría venezolanos, subiendo a un avión militar de Chile para ser devueltos a su país hace dos semanas consolidó un giro en la política migratoria del gobierno de Sebastián Piñera, que genera un clima hostil hacia los indocumentados.

Con un Chile que no supera la crisis social de 2019 y en medio de la pandemia de coronavirus, las autoridades endurecieron su discurso migratorio, otrora solidario y receptivo al trabajador extranjero.

Aunque las autoridades chilenas celebren que desde la deportación de febrero bajaron en 92% los ingresos clandestinos por la frontera con Bolivia, el drama sigue con un flujo migratorio que genera hostilidad entre los chilenos.

Muchos ciudadanos de origen venezolano sin papeles reciben insultos y se les niega ayuda en la ruta de altura y clima duro o en las ciudades cerca de la frontera.

La búsqueda de rutas cada vez más inhóspitas por parte de los «caminantes» obedece a fronteras militarizadas y restricciones que imperan en la mayoría de los países de Sudamérica por la pandemia.

«Durante la pandemia han coexistido discursos públicos acogedores de la población migrante y discursos que la estigmatizan», explicó a la AFP Felipe Gonzáles Morales, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Recuerda que la estigmatización puede producirse no solo en el discurso «sino a través de otras acciones, tales como expulsiones llevadas a cabo con aspaviento y con connotaciones criminalizadoras de los migrantes».

Los caminantes del Caribe
Los venezolanos que caminan a Chile, de todas las edades, pero muchos entre 18 y 26 años, son blanco de un rechazo abierto desde que los migrantes con overoles blancos fueron deportados.

En esos días cruzaron hasta duplicar la población de la localidad fronteriza de Colchane, y fueron más de 3.8000 en una semana. Locales denunciaron robos de casas humildes del altiplano chileno y también a camioneros que viajan hacia la frontera con Bolivia.

Entre los caminantes hay familias, muchas mujeres con bebés en brazos, y «los malandros de siempre». Ellos mismos los reconocen, acusan y lamentan que dañen su reputación.

«Ha habido muchos que llegan y entran así no más a las casas y piden un poco prepotentes», lamenta Hugo González, un señor en el pueblo de Huara, un pueblo del desierto de Atacama.

Dos días después de la mediática deportación, el canciller chileno Andrés Allamand anunció que las vacunas contra el covid serían solo para chilenos y residentes legales, algo que rectificó en horas el mismo Gobierno.

«Deben estar muy desesperados para llegar con sus niños en brazos por esos lugares, pero Chile no está bien, no tenemos cómo atenderlos. No nos van a alcanzar las vacunas», dijo a la AFP Pedro Pérez, ingeniero minero de 44 años, haciéndose eco de un comentario que se repite.

País remoto y hermético
Desde principios de la década de 2000 los venezolanos empezaron a emigrar a Chile, pero el aislamiento geográfico los obligaba a viajar solo en avión, por ello con documentos para empezar una nueva vida. Entonces eran en su mayoría profesionales.

La comunidad está ahora presente en todos los rubros laborales en Chile. A partir de 2016, los migrantes venezolanos empezaron a llegar en autobuses y el incremento ha sido explosivo.

Desde el segundo semestre de 2020 empezaron a ingresar ilegalmente decenas, luego cientos y en enero miles caminando al costado de las fronteras cerradas.

«El incremento de las restricciones en la mayoría de los Estados sudamericanos en relación con la movilidad venía desde antes de la pandemia y se ha agudizado durante esta», apunta González Morales.

Doble estándar
El 22 de febrero de 2019 el presidente Piñera decía a los opositores al gobierno venezolano en Cúcuta (Colombia), en un acto organizado por el multimillonario británico Richard Branson: «No puede haber nada más cruel que un gobierno que le niega y cierra los caminos a la ayuda humanitaria que su pueblo tanto necesita».

Pocos meses después, Chile anunció la creación de una Visa de Responsabilidad Democrática (VRD) para los venezolanos, válida para entrar y vivir en el país por un año, y con la que se buscaba facilitar la regularización de los migrantes.

Casi un año más tarde, sin embargo, a muchos de los que obtuvieron la VRD se les negó su renovación so pena de una multa o deportación, según testimonios confirmados por AFP.

«Qué diferencia con la actitud del Gobierno de Chile, que acaba de expulsar a muchos venezolanos, olvidando la generosidad con que la Venezuela democrática recibió a los chilenos que huían de la dictadura de Pinochet», escribió el Nobel peruano Mario Vargas Llosa en una columna reciente, en la que llamó a emular la decisión del gobierno colombiano de regularizar a más de un millón de venezolanos.

Según datos de Relaciones Exteriores, hasta diciembre pasado se otorgaron 21% de las 164.908 solicitudes de VRD realizadas por venezolanos desde 2018.

«Hay un doble estándar porque la tribuna internacional frente al mundo, la Autoridad hace una declaración muy potente, muy clara (Piñera en Cúcuta) y a nivel local le hace una zancadilla y les impide la utilización precisamente de la Ley de Refugio», señala Macarena Rodríguez, presidenta del directorio del SJM.

Piñera reafirmó en enero que su gobierno busca poner orden y combatir la inmigración ilegal para impedir el ingreso de personas que no cumplan las leyes ni «contribuyan al desarrollo de Chile».

Vía AFP.

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