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HRW acusa al chavismo de ejecutar civiles en frontera con Colombia.

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Human Rights Watch (HRW) acusó este lunes a las fuerzas de seguridad venezolanas de las ejecuciones extrajudiciales de al menos cuatro civiles, de detenciones arbitrarias y de torturas, entre otros «abusos aberrantes» contra la población del estado de Apure, fronterizo con Colombia.

La organización enmarcó sus acusaciones en el contexto de la ofensiva lanzada en marzo por la administración de Nicolás Maduro contra grupos irregulares en ese estado, y pidió investigar el tema a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela.

En un informe, HRW aseguró que el operativo venezolano «derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares, y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados».

«Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro», dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, citado en el informe.

El pasado 21 de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició combates en Apure contra grupos irregulares que las autoridades nunca identificaron, pero que la ONG Fundaredes calificó de presuntos disidentes de la disuelta guerrilla colombiana de las FARC.

El conflicto se extendió por casi tres semanas y provocó el desplazamiento de más de 6.000 venezolanos hacia Colombia, según datos de Fundaredes.

La FANB aseguró que la ofensiva dejó un saldo de ocho militares y nueve «terroristas» fallecidos, así como más de cuarenta detenidos.

HRW alega en su informe que muchos de los detenidos «no eran miembros de grupos armados», sino de la población local, después de haber entrevistado a 38 personas que habían huido de Apure, además de a 30 abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas y representantes de grupos humanitarios.

Los desplazados entrevistados identificaron como responsables de los abusos a la FANB, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).

Las citadas ejecuciones afectaron a cuatro campesinos de una misma familia, a los que las FAES se llevaron el 25 de marzo de su vivienda en La Victoria, indica el informe.

«Sus cuerpos fueron encontrados a un kilómetro y medio, en El Ripial, con cortes, heridas de bala y presuntas luxaciones óseas. Peritos forenses concluyeron que las fotografías de los cuerpos sugieren que habrían sido movidos y que las armas de fuego y granadas que se ven junto a sus manos pudieron haber sido sembradas», señala el texto.

Emir Remolina, de 26 años, reconoció los cuerpos como los de sus padres, su hermano y su tío; y al menos 13 personas entrevistadas por HRW afirmaron que las víctimas no eran guerrilleros, «sino campesinos que habían vivido y trabajado allí por más de 15 años».

En La Victoria y en las zonas rurales de El Ripial, Los Arenales, La Capilla y La Osa, los agentes venezolanos «ingresaron por la fuerza en varias viviendas», sin una orden de allanamiento, y detuvieron a sus residentes, en su mayoría campesinos.

«Los agentes ordenaron a los detenidos cubrirse la cabeza con sus camisetas y los golpearon, los arrojaron al suelo y amenazaron con matarlos», señala el informe.

Dos detenidos que luego fueron liberados confirmaron que «estuvieron retenidos en instalaciones militares»; y los abusos también incluyeron saqueos en sus viviendas y la destrucción de «efectos personales, comida y enseres del hogar».

#800Noticias.

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Leopoldo López expuso en el Senado italiano la crisis venezolana.

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El líder opositor venezolano Leopoldo López, intervino este viernes en el Senado italiano, para plantear la crisis que vive Venezuela y los caminos para la «causa de la libertad».

López enfatizó que la solución a la «grave crisis» que atraviesa Venezuela, «pasa por una solución política en la que los venezolanos podamos votar libremente, en unas elecciones que nos permitan definir quienes son nuestras autoridades parlamentarias y presidenciales».

Insistió que la crisis del país, «no es política solamente, es una crisis humanitaria compleja», definida por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El opositor expuso datos sobre cómo la economía se ha contraído en 80% durante los últimos 8 años y la pobreza que alcanza al 90% de la población.

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Reino Unido anuncia su «lista verde» de 12 destinos de viaje.

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El Gobierno del Reino Unido anunció este viernes una «lista verde» de 12 países y territorios hacia los que se facilitarán los viajes a partir del 17 de mayo en la que figuran Portugal, Gibraltar e Israel, pero que deja fuera por ahora a España, Francia o Grecia.

El ministro de Transporte británico, Grant Shapps, detalló que los viajeros que regresen a Inglaterra desde esos destinos no deberán cumplir una cuarentena de diez días y deberán hacerse una prueba PCR de coronavirus una vez hayan regresado, en lugar de dos, requisitos que sí deberán cumplir quienes provengan de territorios clasificados como «ámbar».

En una rueda de prensa, Shapps detalló que la clasificación se revisará tres semanas después del 17 de mayo, la fecha en la que se levantará la prohibición de viajar al extranjero desde el Reino Unido. 

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Saab denuncia «uso fraudulento de redes sociales» para influir en la CPI.

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El fiscal general, Tarek William Saab, informó este jueves, que ha presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) un informe para denunciar la existencia de una comunidad «ampliamente extendida y muy activa», para generar tendencias de red, mediante el uso de mecanismos fraudulentos como el empleo de bots, mediante la red social Twitter.

Saab señaló que el uso de estos bots, tiene como fin «generar falsas tendencias adversas al Estado Venezolano y a las personalidades señaladas como “presuntos responsables” d las denuncias hechas ante la CPI: En tal sentido, los compromisos en DDHH la dicta el sistema de justicia y no bots mercenariamente pagados», apuntó a través de su cuenta en Twitter.

Puntualizó que «con este nuevo Informe advertimos que el uso fraudulento de las redes sociales se hace para #influir indecorosamente en la Fiscalía de la CPI que deberá estar prevenida de esta falsa y deshonrosa estrategia».

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