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Gobierno nacional alega incompetencia de la Corte Internacional de Justicia.

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Gobierno nacional rechazó este viernes la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que dio la razón a Guyana y se declaró competente para juzgar la validez de un laudo arbitral de 1899 que estableció la frontera entre los dos países.

“Venezuela rechaza la decisión de la Corte Internacional de Justicia”, reza un comunicado del gobierno nacional, que fue leído por el canciller Jorge Arreaza, acerca de la decisión de la CIJ que marca el futuro de una región limítrofe en la que se han encontrado vastos yacimientos de petróleo.

La decisión la tomó el alto tribunal de la ONU con doce votos a favor y cuatro en contra.

Por tanto, considera que tiene jurisdicción para analizar “la validez del laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 y la cuestión sobre el asentamiento definitivo de la frontera terrestre”, dijo el juez presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, en la lectura pública de la sentencia.

Una derrota venezolana
La decisión supone una derrota diplomática para Venezuela, que rechazó participar en las vistas orales previas y ha defendido en todo momento que la disputa se resuelva de manera bilateral.

Denominada Guayana Esequiba en Venezuela y divida en varias regiones en la República de Guyana, se trata de un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, lo que supone casi dos terceras partes de la antigua colonia británica.

La cuestión fronteriza se remonta a principios del siglo XIX, cuando Guyana era aún colonia, y tiene como elemento central un laudo arbitral que estableció la frontera entre ambos países y que Venezuela nunca aceptó, al considerar que los jueces fueron parciales y el proceso estuvo viciado.

El Reino Unido y Venezuela firmaron en 1966, justo antes de la independencia de Guyana, el Acuerdo de Ginebra, que en un principio sentó las bases para resolver la controversia, pero las negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados.

La polémica se ha agudizado en los últimos años después de que la compañía estadounidense Exxon Mobil descubriera, en 2015, yacimientos de petróleo en las aguas adyacentes a la zona en litigio.

Venezuela apela al acuerdo de 1966

Frente a esta situación, Arreaza subrayó que “el Acuerdo de Ginebra es la única norma taxativa bilateral vigente, aplicable para dirimir, mediante negociaciones amistosas, la controversia territorial”.

“Lo anterior niega la vía judicial, incapaz de alcanzar el arreglo práctico y satisfactorio que este tratado impone a ambas partes”, dijo Arreaza.

Por eso, mostró la disposición de Venezuela “a entregarse a dichas negociaciones amistosas para alcanzar un arreglo mutuamente satisfactorio”.

Arreaza subrayó que, “al decidir que posee jurisdicción respecto de la validez del laudo arbitral de 1899 con base en la demanda unilateral de Guyana”, la corte “comete un error incomprensible e insólito”.

El error se fundamenta, “no solo en términos del consentimiento no prestado por Venezuela a dicha jurisdicción, sino al admitir un objeto de litigio diferente al objeto sustancial de la controversia, tal como fue definido por el Acuerdo de Ginebra de 1966”,concluyó.

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Meghan Markle acusó al Palacio Buckingham de “perpetuar falsedades” sobre ella.

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Meghan Markle, la duquesa de Sussex, acusó al Palacio de Buckingham de «perpetuar falsedades» contra ella y su esposo, el príncipe Harry, en un clip explosivo de una entrevista con Oprah Winfrey que se transmitirá el domingo.

En el clip publicado el miércoles por la noche, Winfrey le pregunta a Meghan: «¿Cómo te sientes acerca de que el palacio te escuche decir tu verdad hoy?»

Meghan dice: «No sé cómo podrían esperar que después de todo este tiempo sigamos en silencio si hay un papel activo que la firma está desempeñando para perpetuar las falsedades sobre nosotros».

«Y, si eso conlleva el riesgo de perder cosas, quiero decir … hay mucho que ya se ha perdido», añade.

La firma es un término que a veces se usa para referirse a la familia real. El Palacio de Buckingham dijo que «no tenía comentarios» cuando se le preguntó sobre el clip de la entrevista.

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Expertos advierten que el ISLR es regresivo y no reconoce la crisis económica.

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Juan Carlos Castillo, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, precisó que este año tres paradojas rodean al Impuesto Sobre la Renta –ISLR-: inflación, dolarización y crecimiento económico.

Opina que “nos encontramos frente a una situación muy complicada respecto a las empresas y el ISLR”, debido a la influencia de estos tres factores.

En entrevista con Ginnette González y Andrés Rojas en el programa 2 Más 2 de Unión Radio, lamentó que en materia fiscal el gobierno no haya implementado ninguna política de beneficio fiscal.

“No hay ninguna reducción de impuestos por la circunstancia de que una empresa contrate o mantenga a su personal, adquiera nuevos equipos para hacerse más productiva o que ejerza actividades en un sector que al gobierno le parezca importante, como el textil  o la construcción”, enfatizó.

Subrayó que en un contexto de devastación económica los resultados de las empresas resultan afectados. “Nuestro temor es el automatismo en el sentido de que cualquier empresa en cualquier momento siempre está obligada a pagar impuestos”.

Detalló que si una empresa no puede pagar el ISLR debido a las contingencias económicas “se ve sometido a procedimientos de fiscalización que en muchas ocasiones se convierte en una suerte de terrorismo tributario o fiscal”.

Por su parte, Daniel Betancourt, abogado especialista en derecho tributario y derecho administrativo, explicó que “el ISLR es el impuesto rey el que debería medir directamente la capacidad contributiva y debería ser el de mayor recaudación”.

Resaltó que el ISLR alimenta las finanzas públicas y a través del Presupuesto de la Nación, el gobierno nacional debería distribuirlo para las distintas funciones que realiza el Estado. “Lamentablemente el ISLR se ha hecho regresivo y no reconoce la realidad”.

Cuestionó que el marco legal se haya quedado anacrónico ante las variables económicas actuales “y terminan generando una gran distorsión frente a las personas jurídicas, pero la tragedia es aún mayor frente a las personas naturales, quienes buscan sus ingresos día a día”.

“La unidad tributaria ha quedado totalmente rezagada para la realidad inflacionaria y económica del país lo cual se traduce en que prácticamente cada persona que percibe un sueldo o ingreso está en la obligación pagar impuestos”, puntualizó.

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CNP considera «inaceptable» intento de controlar la expresión e información.

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Mediante un breve comunicado publicado en su cuenta oficial en Twitter, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), consideró «inaceptable el intento» del chavismo de «controlar la expresión e información».

La organización señaló, que todos aquellos procedimientos que «condicionan la expresión o la difusión de información constituyen una violación radical tanto del derecho de cada persona a expresarse, como el derecho de todos de estar informados».

Indicaron que el «control gubernamental (…) afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática».

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