El Gobierno colombiano anunció este sábado que el cierre de sus fronteras terrestres y fluviales se extenderá por tres meses, hasta el 1 de junio, como medida para mitigar la pandemia del coronavirus.

«La medida que inicialmente se había proyectado hasta el próximo lunes, 1 de marzo, se extenderá por tres meses más, con el fin de continuar controlando, evitando y mitigando la propagación del covid-19, en todo el territorio nacional», informó Migración Colombia en un comunicado.

El país tiene fronteras terrestres con Venezuela (2.219 kilómetros), Brasil (1.645), Perú (1.626), Ecuador (586) y Panamá (226).

Con excepción de las fronteras con Venezuela y Ecuador, que tienen un intenso movimiento de personas y mercancías a través de varios pasos limítrofes, las demás son en territorios selváticos.

El director de Migración Colombia, Francisco Espinosa, explicó que si bien el decreto del Ministerio del Interior prolonga el cierre de todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales, también establece las excepciones a esta medida, entre ellas el transporte de carga, las emergencias sanitarias y los casos fortuitos o de fuerza mayor.

Con relación a la salida de ciudadanos extranjeros de Colombia, Espinosa aclaró que las mismas seguirán siendo coordinadas por Migración Colombia con las autoridades locales y regionales.

Igualmente, respecto a los viajeros que ingresen al país como parte de las medidas de excepción, Espinosa informó que estos deberán cumplir con todas las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como por las autoridades regionales.

El funcionario añadió que durante el cierre de los pasos fronterizos se continuará revisando, de manera permanente, la evolución de la pandemia en los países vecinos, con el fin de determinar si se puede pueden abrir antes de lo previsto.

En Colombia más de 2,2 millones de personas han contraído el coronavirus SARS-CoV-2, de las cuales 59.518 murieron. 

En el eje urbano conformado por las ciudades satélites Guarenas y Guatire, en el estado Miranda, se inició el 27 de febrero de 1989 un torbellino de protestas contra el aumento de los combustibles y de los pasajes del transporte público que desembocaría luego en uno de los hechos más trágicos y tristes de la historia venezolana. Ese acontecimiento será recordado por siempre como el «Caracazo» y sus secuelas todavía tienen vigencia.

Las protestas en ambas localidades mirandinas se extendieron rápidamente ese día al centro de Caracas y posteriormente a toda la capital. La principales calles y avenidas quedaron cerradas por centenares de manifestantes. Se quemaron cauchos y autobuses, se colocaron barricadas. Luego se desató una ola de saqueos contra toda clase de comercios que se prolongó por otros dos días y se extendió a otras ciudades del país.

Detrás de la protesta en contra del aumento del combustible, la población se oponía a un paquete de medidas económicas impulsadas por el entonces presidente, Carlos Andrés Pérez, bajo la recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La expresión popular fue apaciguada por el Ejército de Venezuela, que fue enviado a las calles para reprimir las manifestaciones debido a la poca efectividad que tuvo la policía para contener las protestas.

Durante 1960 y 1970 Venezuela se mostraba como una de las naciones más prometedoras de la región. La consolidación de la democracia, la nacionalización de la industria petrolera en 1974 y el surgimiento de proyectos mineros en el sur del país permitieron la llegada de capital extranjero y el desarrollo de ambiciosos proyectos.

Sin embargo, todo empezó a cambiar a partir de la década de 1980. En 1983, bajo la presidencia de Luis Herrera Campins, se produjo la primera devaluación en el país desde 1961 conocida como el «viernes negro», lo cual afectó la confianza en la moneda venezolana.

Con la pérdida de valor del Bolívar vinieron problemas como la reducción en el precio del barril petrolero, la deuda externa, inflación, fuga de capitales, los cuales no pudieron ser resueltos por los gobiernos que antecedieron a Pérez (Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi) obligándolo a solicitar la ayuda del FMI.

Hugo Chávez, presidente de Venezuela entre 1998 y 2013, expresó durante una alocución en cadena nacional que los eventos surgidos en el año 1989 impulsaron el plan para tomar el poder por la vía militar que se transformaría en el golpe de Estado de 1992.

El «Caracazo» fue la chispa que encendió el motor de la Revolución Bolivariana», dijo el fallecido mandatario en esa oportunidad.

No obstante, hubo analistas políticos que separan ambos acontecimientos, destacando que las manifestaciones populares de 1989 no guardan relación con la conspiración que llevaba adelante Chávez dentro de la institución militar.

Transcurridas ya más de tres décadas de aquellos acontecimientos, aún permanecen las dudas sobre el número de víctimas que hubo durante las protestas. De acuerdo a las autoridades de la época, el número de muertos superó los 200. No obstante, diversas ONG señalan que los muertos aún no han sido cuantificados.

La adolescente de 17 años de edad que fue asesinada la noche del martes en las inmediaciones del terminal de pasajeros Nuevo Circo de Caracas, fue asesinado por su novio en El Valle.

De acuerdo con las averiguaciones de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc), la hermana del homicida relató una falsa historia para despistar a los pesquisas.

De acuerdo con la información difundida por la periodista de sucesos Lysaura Fuentes, la hermana del victimario quien se encuentra prófugo, se hizo pasar por amiga de la joven y narró a los detectives que la halló herida en la avenida Lecuna y de allí la trasladó al hospital, versión que careció de veracidad para los investigadores que lograron verificar que se contradecía.

Al parecer el asesino reside en la Cota 905 y es buscado por los organismo de seguridad.