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Sucesos

FARC admite secuestros durante el conflicto ante Justicia de Paz.

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Jefes del secretariado de la extinta guerrilla de las FARC admitieron este viernes de forma oficial su autoría en los secuestros de civiles y militares durante el conflicto armado, y así lo radicaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en una resolución judicial los llamó a responder por estos crímenes.

«Asumimos como dirección última que fuimos de las FARC-EP la responsabilidad por ordenar capturas y privación de libertad de forma prolongada de civiles y de miembros de la fuerza pública», explicó el exjefe de las FARC y actual senador del partido Comunes Julián Gallo, conocido en sus épocas de guerrillero como «Carlos Antonio Lozada».

La JEP, surgida del acuerdo de paz de 2016 como sistema de justicia transicional, imputó el pasado 28 de enero a ocho miembros del antiguo secretariado (máximo órgano de dirección) de las FARC por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del «Caso 01», donde hay acreditadas 2.107 víctimas de secuestros y crímenes derivados, principalmente entre 1993 y 2012.

Los acusados por estos hechos son Rodrigo Londoño, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, así como los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera (fallecido), Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Los exjefes de las FARC radicaron su respuesta ante la JEP, que no se hizo pública aún, donde aceptan sus responsabilidades individuales ante las víctimas, y reconocen que había «una política» por parte de la antigua guerrilla de secuestros para financiar su oposición armada, ganar territorio y usarlo como ficha de cambio.

RECONOCEN POLÍTICA DE SECUESTROS

«Estamos reconociendo que hubo una política por parte de las FARC en relación a lo que fueron los secuestros», alegó Gallo en una rueda de prensa donde explicó el documento que presentaron hoy a la JEP como respuesta al auto. «Reconocemos que se dieron situaciones que no debieron suceder, pero que efectivamente se presentaron», añadió.

Sin embargo, especificaron que los maltratos, torturas, abusos sexuales y otras violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que se dieron y recopiló la JEP del testimonio de las víctimas no formaban parte de esa política, aunque sí reconocieron que estos delitos se cometieron.

«Se presentaron graves violaciones, afectaciones al DIH, que no fue una política de la organización en cuanto al maltrato y demás, pero aceptamos que se dieron esas realidades. Y lo aceptamos desde nuestro posición de liderazgo en la organización», explicó Alape también en la rueda de prensa.

La JEP determinó además la existencia de un patrón de malos tratos en cautiverio en todos los bloques de las FARC, como los encadenamientos como forma de castigo y humillación, marchas forzadas, agresiones físicas y sicológicas, vulneración de la intimidad, torturas, aislamientos y desplazamientos forzados, abusos sexuales, entre otros.

«Los casos de violencia sexual no fueron sistemáticos ni obedecieron a un patrón, pero reconocemos que se dieron esos hechos y desde luego estamos asumiendo la responsabilidad que nos corresponda por esos hechos que se dieron que si bien es cierto no correspondía a esa política, se dieron en esa política de secuestros», insistió Gallo.

HACIA LA PAZ DURADERA

En la primera resolución del «Caso 01», denominado «Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad», abierto el 4 de julio de 2018, la JEP estableció que de las 2.107 víctimas acreditadas, 394 son integrantes de la fuerza pública, y priorizó las «retenciones ilegales de personas por parte de las FARC, principalmente entre 1993 y 2012», investigación que abarca más de 9.000 hechos.

La JEP dejó claro en su resolución que estos secuestros no fueron «errores», como los ha llamado las FARC, sino crímenes de guerra, y en ese sentido, Alape reconoció abiertamente que «más allá de errores eran transgresiones al DIH», y que como «revolucionarios» asumen la responsabilidad y miran al futuro para que «no se repita esta tragedia».

«Nuestra disposición es responderle al país y a las víctimas y poder abrir ese horizonte de que algún día en este país efectivamente podamos tener paz duradera», añadió Gallo.

Se espera que además de este documento de más de 100 páginas que entregó hoy las FARC a la JEP, también la Procuraduría (Ministerio Público) y las víctimas presenten sendos informes con sus valoraciones de la resolución emitida en enero por ese tribunal.

De ahí, la JEP valorará si los acusados reconocen de forma plena su autoría, en un proceso que aún no tiene plazos, y en el futuro deberá emitir las sanciones correspondientes.

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Sucesos

Desarticulan banda que extorsionaba a ciudadanos italo-venezolanos.

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Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) desmanteló una banda dedicada a la “extorsión e incitación del odio” de un sector de la comunidad italo-venezolana.

Actualmente, están a la orden La Fiscalía 8va del Área Metropolitana de Caracas y se encuentran privados de libertad los ciudadanos Antonio Calvino y Giovanni Mattia, quienes a través de diversas redes sociales se dedicaban a la extorsión y a la incitación al odio en contra de diversos ciudadanos de nacionalidad italiana. Las autoridades están tras la captura de Nello Colevechio, quien supuestamente se hacía pasar como el Cónsul General de Italia en Caracas.

Las investigaciones también se adelantan en el estado Zulia en donde aparecen varias personas involucradas en actos contra empresarios italo-venezolanos, y que forman parte de la red identificada como Italvenezolani Uniti.

El modus operandi utilizado era a través las redes sociales, específicamente Facebook y WhatsApp con las que captaba a las víctimas. En primer lugar, se acercan a la comunidad italiana: socializan y se ganan su confianza. Posteriormente, bajo el alegato de conseguir supuestas ayudas humanitarias extorsionaban a las víctimas.

En Venezuela, Antonio Calvino se promovía como presidente del C.O.M.I.T.E.S; Giovanni Mattia como vicepresidente, y Nello Colevechio como embajador o cónsul.

Para cometer los hechos les manifestaban a los ciudadanos italo-venezolanos que hacen vida en Venezuela que ellos militaban en el partido italiano “Movimiento Giustizia & Libertá” el cual se pronunció públicamente aclarando que dichos ciudadanos habían sido expulsados por haber incurrido en faltas graves, y a la vez dirigió a las legítimas autoridades para ofrecer disculpas por los hechos.

Varias víctimas manifestaron que fueron forzados a firmar documentos en blanco para tramitar supuestamente ayudas humanitarias para ser retiradas en la farmacia Adriática ubicada en la Calle Páez con Avenida Mohedano, frente a la plaza Bolívar de Chacao.

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Detienen a sujeto que secuestró y embarazó a su hija.

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Un hombre quedó detenido tras secuestrar, abusar sexualmente y embarazar a su hija en Barinas. El sujeto quedó identificado como Yander Antonio Herrera García, de 35 años de edad, informó el director del Cicpc, Comisario Douglas Rico.

Asimismo, destacó que, mediante una denuncia interpuesta por la madre de la víctima, ante la Delegación Municipal Barinas, se dio inicio a una amplia investigación; con las que se pudo determinar la culpabilidad directa del padre de la joven; quien fue aprehendido en El Paguey, sector San Isidro, parroquia Domingo Ortiz de Páez; municipio y estado Barinas.

«Se conoció que Herrera, desde el año 2013, mantenía secuestrada a su hija, quien actualmente tiene 16 años y, producto de este secuestro; y los constantes abusos sexuales que cometía el padre, quedó embarazada», detalló Douglas Rico.

La adolescente logró escapar de su victimario, acudió a un centro de salud ya que presentaba fuertes dolores abdominales y al ser evaluada, se determinó que tiene un embarazo de 4 meses.

Por último, el Director del Cicpc dijo que el hombre fue puesto a la orden del Ministerio Público del estado Barinas.

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Paraguay registró 11 feminicidios entre enero y abril de 2021.

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Paraguay registró 11 feminicidios entre enero y abril de 2021, que dejaron 18 menores de edad huérfanos, según los datos publicados este viernes por el Ministerio Público de ese país.

De las 11 mujeres asesinadas en los primeros 4 meses del año, 7 tenían hijos, según apuntó la misma fuente.

En total, la Fiscalía paraguaya ha registrado 134 feminicidios entre 2018 y 2021, aunque las cifras se han reducido en ese periodo.

En 2018, el número de feminicidios dejó 50 víctimas, mientras que en 2019 bajó a 37. Un año después, la cifra de mujeres asesinadas descendió a 36.

La Fiscalía también recuenta entre sus datos los meses con más casos registrados: en 2018, fue noviembre el mes con más feminicidios; en 2019 fue marzo. En 2020, la cifra se incrementó en julio, mientras que en 2021 enero fue el mes que más víctimas dejó.

Paraguay cuenta desde 2016 con una Ley de «Protección integral a mujeres contra toda forma de violencia», en la que se tipificó como delito el feminicidio por primera vez en la historia del país.

La Ley 5.777 pena este delito con entre 10 y 30 años de privación de libertad.

Esta normativa entiende como feminicidio el asesinato de una mujer a manos de un agresor con el que la víctima hubiera tenido alguna relación conyugal o con el que existiera algún parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

También reconoce como feminicidio el asesinato de la mujer como resultado de un ciclo de cualquier tipo de violencia hacia la víctima, entre otros supuestos.

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