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En pandemia e hiperinflación, trabajadores abandonan oficinas estatales en Venezuela por bajos salarios.

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Después de una larga crisis económica en el otrora próspero miembro de la OPEP, y tras dos años de una reforma emprendida por el presidente Nicolás Maduro, en muchas instituciones estatales se labora a una fracción de su capacidad a medida que los trabajadores con ingresos que apenas alimentan buscan otras formas de sobrevivir.

Ante el menor personal, ahora las empresas públicas reparan un mínimo de averías y no exigen ni vigilan el pago de facturas de servicios públicos. Los entes que supervisan precios y tributos fiscalizan a pocas grandes empresas y los docentes aún activos no laboran más de 20 horas a la semana, según decenas de sindicalistas y trabajadores consultados.

En Cantv, la mayor telefónica del país que expropió el gobierno en 2007, los sueldos, que se pagan en bolívares, rondan los 6 dólares con bonos semanales que autoriza la empresa, dijo el sindicalista y trabajador, Igor Lira. “¿Ese salario, para qué sirve? Por eso muchos tienen trabajos por fuera”, agregó.

La estrategia si bien ayuda a rendir los ingresos del Estado, desfavorece a la una vez voluminosa masa trabajadora y debilita la capacidad del gobierno para funcionar y regular como antes la economía. En última instancia, presiona más al desempleo y las deficiencias crónicas de los servicios públicos, en un país de unos 30 millones de habitantes antes del éxodo que causó la crisis de los últimos años.

“Por los bajos sueldos más que renuncias, hay deserciones, empleados que piden vacaciones y no regresan”, dijo un empleado retirado tras 30 años de servicio en el transporte subterráneo. Asegura que los trabajadores reciben unos 10 dólares al mes en la compañía en la en que Maduro trabajó como conductor muchos años y eso explica en parte que con la ausencia de empleados, algunas estaciones del metro abren tarde o cierran antes de la hora.

APATÍA

Detrás del desgano general en las filas del gobierno está la decisión de pagar en bolívares y por debajo del ritmo de la hiperinflación. Los trabajadores estatales dicen que la apatía se volvió particularmente aguda este año cuando muchos más comercios cobran dólares, bajo una crisis que agudizó la pandemia del coronavirus.

Un gerente de la compañía eléctrica de Caracas, también expropiada en 2007, dijo que trabaja como taxista o repartidor y solo una vez por semana asiste a la oficina estatal donde gana 4 dólares al mes, lo que cobra por uno o dos viajes al día.

La mayoría de los trabajadores jóvenes del sector eléctrico ha preferido ausentarse y los que van “a veces costean los repuestos de las unidades que se usan para resolver las fallas”, señaló Ángel Navas, un sindicalista de la compañía eléctrica.

Día del Empleado Público en Venezuela: Trabajadores protestan

Los organismos estatales Seniat, Corpoelec, CVG, Cantv e Ipostel no respondieron a solicitudes de comentarios. Tampoco lo hizo el Ministerio de Información.

Esa apatía de la “clase obrera” que trabaja para el gobierno se evidenció en el poco apoyo a la campaña electoral y luego en los comicios legislativos de este mes. En los centros de votación hubo baja afluencia y aunque el partido gobernante logró el control de parlamento, recibió menos votos que en anteriores procesos electorales.

Rómulo Muñoz, un trabajador que lleva 15 años en la empresa estatal de aluminio Venalum, al sur del país, fue uno de los que por primera vez faltó a unas elecciones legislativas con la esperanza de un cambio.

“No fui a votar para acelerar los procesos y que venga un nuevo gobierno”, dijo Muñoz, descontento con un salario equivalente a unos 10 dólares por mes. “Cuando eso pase, los trabajadores tendremos beneficios y no necesitaremos de ninguna cajita CLAP (de alimentos) para sobrevivir”, dijo.

En hiperinflación y durante la pandemia, los 2,8 millones de empleados públicos que quedan en nómina reciben un promedio de 13 dólares, la mitad de lo que pagan en el sector privado, según un estudio de la firma local Anova. Esta consultora así como otras dos más calculan que por los bajos sueldos al menos 500.000 funcionarios han dimitido en el último año.

Anova estima que al menos una cuarta parte de los 2,8 millones de los obreros, técnicos o profesionales que laboran para el Estado reciben salario mínimo, que por meses se ha mantenido en un dólar a la tasa oficial. Poco importa que la inflación anual alcanzó 4.087% en noviembre, según datos del Congreso, bajo control opositor.

“El salario ha sido golpeado y herido, es una herida abierta, supurante, que vamos a curar, sanar”, dijo Maduro a periodistas en diciembre, cuando le preguntaron porqué permitía en comercios cobrar en dólares, si sus empleados ganan en moneda local. “Venezuela es una economía de resistencia”, explicó al culpar a las sanciones de Estados Unidos.

AUSENTISMO
El rezago salarial no es una medida de última hora. El gobierno lleva tres años autorizando pagos que no cubren el alza de los precios. En noviembre, tras seis meses sin revisión, subió 40% el sueldo de empleados públicos y ese mes la inflación mensual fue 65,70%.

Medir el éxodo general es difícil, porque muchos dejan de trabajar sin renunciar y en pocas oficinas estatales reclaman el ausentismo, según relatan las fuentes. Previo a la cuarentena, en las oficinas públicas los empleados ya no iban todos los días. Luego del confinamiento se fijaron labores por grupos y turnos semanales, pero igual algunos empleados no van.

En las nóminas del Estado, los mejores sueldos los reciben los militares, que ganan unos 17 dólares mensuales en promedio, dijo una fuente cercana al sector militar. Ninfa Barón tiene la remuneración más alta en la tabla de salarios de una universidad pública y recibe unos 10 dólares al mes a tasa oficial, pero subsiste con un trabajo vía remota para una empresa en Paraguay.

El deterioro de los salarios “tiene consecuencias, la gente abandona el sector público aceleradamente”, dijo Omar Zambrano economista y director de la consultora Anova.

Desesperados, en medio de la cuarentena, maestros, enfermeras y otros trabajadores públicos han protestado contra un gobierno que prometió defenderlos. Solo en octubre hubo 544 manifestaciones laborales en el país, según el no gubernamental Observatorio de Conflictividad Social.

Victor Carrillo, un profesor de educación física con 20 años de carrera, fue uno de los que se sumó en noviembre a protestar, porque el salario no le alcanza y optó por hacer reparaciones en su edificio para cubrir el pago del condominio.

La crisis evidencia que “el sector público se desmantela”, señaló Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica.

Trabajadores públicos protestaron en su día por bajos salarios

El ente recaudador de impuestos, Seniat, pagaba a sus fiscales bonificaciones especiales de casi 30 salarios al año y muchos trabajaban en operativos sorpresa para supervisar el pago de tributos de empresas y comercios con frecuencia. Ahora tiene menos de la mitad de los funcionarios que en 2012 y la mayoría gana unos 13 dólares al mes, sin recibir ningún bono extra.

“Las instalaciones del Seniat están desiertas. Si antes había 20 funcionarios en una oficina, ahora van dos”, dijo bajo anonimato uno de los fiscales con décadas de servicio. Aseguró que muchos ocupan sus horas asesorando a empresas privadas y la poca supervisión complica el cobro de una renta vital tras el desplome de los ingresos petroleros.

Otros huyen del país o improvisan como María Boyer. Ella dejó su empleo en la estatal de correos y subsiste de cocinar dulces hechos con coco por los que cobra un dólar y llevarlos a clientes en transporte público. “Cuando un día estaba almorzando en la oficina pasta sola, sin queso, renuncié”, dijo Boyer en medio de una de las entregas. “Así no podía vivir”.

VÍA REUTERS.

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Tres misiles impactaron en el aeropuerto de Bagdad, cerca de base estadounidense.

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Al menos tres cohetes impactaron este jueves cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, donde están estacionadas fuerzas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos que lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico, sin provocar víctimas, informó el Ejército iraquí.

La Célula de Información de Seguridad del Ejército iraquí dijo en un comunicado que al menos tres cohetes impactaron cerca de las instalaciones aeroportuarias, donde están estacionadas tropas y contratistas internacionales, sin que por el momento se hayan registrado víctimas ni daños materiales.

Según la nota, el primer cohete impactó cerca de la prisión de Al Karj, el segundo en un campo vacío en las inmediaciones de la Academia del Servicio de Lucha contra el Terrorismo y, el tercero, en los alrededores de una instalación militar iraquí.

Asimismo, apuntó que las fuerzas de seguridad han iniciado una investigación para encontrar a los responsables de esta nueva acción, que se produce en un momento en el que se han intensificado los ataques con cohetes contra instalaciones militares y civiles tanto iraquíes como internacionales.

Según el comunicado, los supuestos responsables forman parte de «bandas ilegales», aunque no ofreció detalles.

Hasta el momento ningún grupo ha reivindicado la acción, aunque los ataques contra instalaciones con presencia estadounidense han sido recurrentes en el último año desde que el comandante iraní Qasem Solemaní fuera asesinado en un bombardeo selectivo de EE.UU en enero de 2020 en Bagdad.

Washington acusa directamente a milicias iraquíes respaldadas por Irán, que en múltiples ocasiones han negado su implicación en estos ataques aunque exigen la salida de las tropas norteamericanas del país.

La acción se produce además en un momento en el que hay conversaciones entre Estados Unidos e Irak sobre el papel de las fuerzas de combate dentro del país árabe, que en el último año se ha limitado a tareas de asesoramiento y entrenamiento.

Vía EFE.

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EEUU no canceló visas a latinos que viajaron a vacunarse pero pide prudencia.

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No es cierto, como se asegura en las redes sociales, que Estados Unidos esté notificando por carta la cancelación de visas a latinos que han viajado a ese país para vacunarse contra la covid-19, si bien el Gobierno ha recordado que la inmunización está pensada solo para ciudadanos y residentes legales.

A través de publicaciones de Twitter y Facebook, usuarios de países como Colombia y México han compartido mensajes en los que se asegura que los visados de estas personas, que ingresaron en EE.UU. por turismo y se inmunizaron, están siendo cancelados.

«Hoy están llegando cartas del Gobierno norteamericano a los colombianos que viajaron a Miami con la disculpa de turismo y se vacunaron. Les están cancelando la visa», alega una de las entradas.

Este tema llegó a ser tendencia en ese país suramericano la semana pasada, luego de que medios locales se hayan hecho eco de esa información, si bien luego clarificaron que no existía confirmación de tal medida.

En México han circulado las mismas versiones durante todo el año gracias a varios informes de prensa que levantaron la polémica sobre el denominado «turismo de vacunas», que se propagó debido al acceso libre a los fármacos en varios estados de EE.UU.

Algunos de los mensajes más compartidos han sido aquellos que involucran al conductor de televisión Juan José Origel, quien publicó en sus redes sociales que había sido vacunado en Miami y creó una ola de comentarios en las plataformas sociales.

Según internautas, la visa de Origel, además de otros turistas mexicanos que no han sido identificados, «fue cancelada de por vida» y tuvieron «que pagar una multa de 15.000 dólares», una información luego desmentida por las autoridades.

DATOS

Lo cierto es que fuentes diplomáticas de EE.UU. han asegurado que desconocen los supuestos casos de cancelaciones de visados por estos motivos, ya que el permiso de turismo B1/B2 permite acceder a tratamientos médicos. Sin embargo, han pedido prudencia pues la inmunización está priorizada a ciudadanos y residentes.

«Desconocemos esas cartas que gente dice que se han recibido después de recibir la vacuna en EE.UU. Nosotros no estamos vigilando quién va para vacunarse y no estamos reaccionando (con medidas) a las visas de esas personas», explicaron en una charla con medios de comunicación, entre ellos Efe, fuentes consulares de la Embajada estadounidense en Colombia.

Según los oficiales, «en la sección de visas de no inmigrante no tenemos conocimiento de esos casos» y «no hemos estado trabajando con el tema».

«La embajada desconoce completamente los reportes que han salido en los últimos días. Viajar a EE.UU. para recibir tratamiento médico es permitido, pero también quiero destacar que el programa de vacunación de EE.UU. es diseñado para ciudadanos americanos y residentes legales», concluyó uno de los diplomáticos.

De hecho, según consta en la página web del Departamento de Estado de Estados Unidos, el tipo de visa más común para visitar temporalmente el país, la B1/B2, autoriza el acceso, entre otras actividades, a procedimientos médicos.

Además, de acuerdo con la Orden Ejecutiva sobre el control de la pandemia firmada por el presidente estadounidense, Joe Biden, apenas llegó al poder en enero pasado, el país vela por «que todos, no solo los ricos y bien conectados, reciban la protección y la atención que merecen» con respecto a la vacunación.

En ese sentido, estados como Texas, Arizona y Luisiana iniciaron la inmunización sin restricciones ni el registro del estado migratorio de los pacientes, mientras otros, como Florida o Nueva York, han reglamentado posteriormente el acceso ante la avalancha de extranjeros y no residentes.

FLORIDA SE BLINDA CONTRA EL «TURISMO DE VACUNAS»

El pasado 21 de enero, precisamente, las autoridades sanitarias de Florida, uno de los destinos preferidos por los latinos, anunciaron que solo los residentes tienen prioridad en el plan de vacunación.

El cirujano jefe de Florida, Scott A. Rivkees, emitió una orden que obliga a los proveedores de vacunas a exigir a los receptores prueba de residencia en el estado.

Según datos del Departamento de Salud de Florida compartidos entonces, de las más de 1,1 millones dosis de vacunas contra la covid-19 aplicadas hasta esa fecha, más de 39.000 las recibieron personas no residentes.

Estados Unidos ya supera los 31,5 millones de casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y los 565.000 de fallecidos por la enfermedad de la covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), unas 75 millones de personas han sido completamente vacunadas en EE.UU.

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Comité de la ONU preocupado por la expulsión de venezolanos en Chile.

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El Comité de Derechos de los Trabajadores Migrantes de Naciones Unidas expresó hoy su preocupación por la expulsión de Chile de cientos de migrantes, incluidos ciudadanos venezolanos, y recordó que las convenciones de la ONU prohíben las expulsiones colectivas y éstas deben examinarse individualmente.

Dos de estas expulsiones ocurrieron el pasado febrero, indicó en un comunicado la comisión después de revisar la situación de los trabajadores migrantes en Chile durante su última sesión.

Los expertos de la ONU subrayaron no obstante que Chile ha mejorado en aspectos como la aprobación de la Ley de Migración y Extranjería, «que tras ocho años de discusión, trae cambios positivos en consonancia con la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes».

En el apartado de recomendaciones, el comité pidió a Chile especial protección al derecho a la salud de los migrantes en el actual contexto de pandemia y «desarrollar medidas para eliminar la xenofobia y los estereotipos discriminatorios».

También sugirió medidas de gestión de fronteras que «estén en consonancia con el principio de no devolución y la prohibición de expulsiones arbitrarias y colectivas», así como más restricciones en el uso de Fuerzas Armadas en los controles fronterizos.

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