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EFE: La frontera colombo-venezolana y el sueño de la regularización de migrantes.

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La venezolana Sheila González, quien dejó su natal Maracaibo para buscar oportunidades fuera de su país considera «fabuloso» el estatuto para los migrantes anunciado por Colombia con el cual espera dar un salto en sus condiciones de vida en el país andino.

Sin embargo, la incertidumbre marca el camino de la implementación del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos en las zonas fronterizas de Colombia, donde muchas personas que están irregulares sueñan con normalizar su situación para acceder a servicios básicos como salud y educación.

En Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander y que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela, viven 96.133 de los más de 1,7 millones de migrantes de ese país que se han establecido en Colombia.

Parte de los venezolanos llegados a Cúcuta subsisten trabajando en lo que pueden y otros, que no tienen documentos, engrosan la informalidad en Norte de Santander, que llega al 72,9 %.

El Estatuto es una carta de derechos que beneficiará a unos dos millones de inmigrantes venezolanos, regulares o irregulares, para dar soluciones de largo plazo a sus necesidades y sacar del limbo legal a aquellos que ya están establecidos en el país, incluso con hijos nacidos en territorio colombiano.

La medida, que tendrá una vigencia de diez años, da a los venezolanos «la posibilidad de hacer su vida en Colombia, de trabajar, desplazarse en el territorio y la inclusión en el sistema de seguridad social, por supuesto la inclusión en salud que nunca se les ha negado, la educación y la inclusión financiera», según el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.

ESPERANZA ANTE LA ADVERSIDAD

Para González, que trabaja como vendedora en Cúcuta, el beneficio que ofrecerá el estatuto radica en que muchos de sus compatriotas podrán trabajar legalmente y «producir para Colombia».

Con ella coincide Anyer Yoseli Crespo Parra, quien salió caminando de la localidad venezolana de San Cristóbal, cercana a la frontera, y que se dirige hacia Cali (suroeste), a unos mil kilómetros de su casa, para trabajar como cocinera y ayudar a su familia, empobrecida por la crisis que vive su país.

«Aquí hay un beneficio grandísimo», afirma a Efe la mujer, que con las maletas al hombro, confía en conseguir empleo cuando el estatuto se implemente y con ello tener una nueva vida en Colombia.

Otra de las posibles beneficiarias es Carolina Muñoz Gamboa, radicada en Cúcuta. Ella llegó del estado venezolano de Mérida y ve la decisión de Colombia como «una excelente idea» ante la difícil situación que vive su país por «la falta de buenos servicios y el problema de la economía».

«Yo no tengo derecho a la salud, no tengo derecho a poder viajar (…) Entonces creo que el Estatuto sería excelente por mi salud y por poder trasladarme a otro lugar», afirma, esperanzada, Muñoz a Efe.

EXPECTATIVAS E INCERTIDUMBRE

El secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de Norte de Santander, Víctor Bautista, confía en que «haya una mejora sustancial en aspectos de seguridad y control migratorio a través de un registro único de migrantes, así como un mejor control de frontera, el mejor uso de los pasos fronterizos y se combata el uso de las trochas».

Recuerda que ese departamento es el punto de llegada de la población pendular que busca servicios de salud, bancarios y educativos, entre otros, y que antes del inicio de la pandemia, en promedio, pasaban unas 35.000 personas diariamente.

Igualmente, se pretende que «esa regularidad migratoria apunte a una mayor formalidad laboral y comercial en nuestra región» y contribuya al fortalecimiento de la seguridad en la frontera.

El investigador Ronal Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario de Bogotá, asegura a Efe que una de las principales dudas que hay en este momento frente al estatuto es sobre cómo se van a acoplar a las nuevas reglas de juego medidas como la tarjeta de movilidad fronteriza, que la tienen más de 4,9 millones de venezolanos.

«El estatuto no contempla cómo se van a acoplar los dos instrumentos. El instrumento de protección para los migrantes venezolanos con vocación de permanencia y la tarjeta de movilidad fronteriza que atiende otra problemática y otra dinámica», afirma.

Agrega que «la incertidumbre es bastante alta porque solamente hasta que Migración Colombia determine a través de su resolución cómo se van a articular estos dos instrumentos tendremos claridad al respecto».

Por ello insiste en que se fortalezca el permiso de movilidad fronteriza, aunque lamenta que las relaciones entre Colombia y Venezuela estén en «su peor momento histórico».

«Sabemos que la situación que se vive en la zona de frontera, uno de los riesgos más grandes es que pueda crear una especie de histeria colectiva, de hipocondría colectiva, a la cual se sume la xenofobia que ya se vive en el área», añade sobre los retos a los que se enfrenta esta nueva medida en una zona que, como buena parte de Colombia, ha abierto los brazos para acoger la migración.

#EFE.

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Piden a Biden no reabrir centro de menores migrantes.

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Las organizaciones Earthjustice y American Friends Service Committee (AFSC) afirmaron este martes que el centro de detención de menores indocumentados de Homestead, al sur de Miami, es «tóxico e inseguro» por contaminación del suelo y el agua subterránea y pidieron al Gobierno de EEUU su cierre permanente.

«La administración de (Joe) Biden debería centrarse en reunir a los niños con sus familias, en lugar de ampliar su capacidad para detener a los menores», dijo Guadalupe de la Cruz, directora del programa para jóvenes y trabajadores agrícolas de AFSC.

Según informaciones publicadas en la prensa, el Gobierno del demócrata Joe Biden se propone reabrir el centro de Homestead, a 40 kilómetros de Miami, como un «refugio» para menores migrantes de 13 a 17 años, algo que De la Cruz calificó hoy de «inconcebible».

Las dos organizaciones reclamaron en un comunicado que no solo no se reabra ese centro sino que se libere a todos los migrantes en centros de detención en EE.UU. por condiciones insalubres.

El terreno donde está instalado el centro de Homestead, que fue abierto en 2016 y cerrado en 2019 por la Administración de Donald Trump a raíz de numerosas protestas y polémicas, perteneció antes a una base de la Fuerza Aérea y está situado cerca de un lugar que «que contiene ocho puntos críticos contaminados por 16 contaminantes diferentes», dice el comunicado.

«Los contaminantes que se encuentran en el suelo y el agua subterránea de esta área incluyen metales, pesticidas, compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, y compuestos volátiles clorados como resultado de fugas, derrames, manejo de desechos de materiales peligrosos y otros procesos industriales y militares», señalan.

Las dos organizaciones agregan que «muchos de estos contaminantes son carcinógenos humanos y causan una variedad de problemas de salud crónicos como insuficiencia renal, anemia hemolítica y otros daños en el desarrollo».

Desde 2019 Earthjustice ha presentado solicitudes de la Ley de Libertad de Información (FOIA) a diversas entidades públicas en busca de documentos sobre contaminación potencial y otros riesgos de seguridad en el centro de Homestead.

«No hay garantía ni indicios de que esta instalación sea segura para los niños detenidos allí. Sabemos que el área aledaña está plagada de contaminantes ambientales generalizados, y la falta continua de transparencia y la falta de respuesta a nuestras solicitudes de FOIA para obtener más información es increíblemente preocupante», dijo Dominique Burkhardt, abogada de Earthjustice.

Las dos organizaciones advirtieron en el comunicado que «las condiciones en las instalaciones de Homestead no son únicas».

«El gobierno estadounidense sigue mostrando un flagrante desprecio por la salud de los detenidos, incluida la esterilización forzada, el uso de desinfectantes químicos industriales en otros centros de detención de migrantes, los brotes incontrolados de covid-19 y el intento de construir otras instalaciones en lugares altamente tóxicos como los llamados Sitios Superfund», señalan en un comunicado.

Estas fallas constantes han creado «condiciones que hacen imposible mantener a salvo a las personas bajo custodia y, por lo tanto, pedimos la liberación inmediata de todas las personas detenidas en centros de detención de migrantes», agregan.

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Asociación de Abogados de África exige liberación de Alex Saab.

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La Asociación de Abogados de África exigió el lunes al gobierno de Cabo Verde que libere al empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro, por considerar ilegal la detención ocurrida en junio de 2020.

Hannibal Uwaifo, presidente del colegio, dijo en una rueda de prensa que la detención de Saab viola los protocolos de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la Carta de la Unión Africana y que, además, representa una grave violación del derecho internacional.

El abogado dijo querecibieron una petición de Camilla Fabri, esposa de Saab, para que investigaran el asunto. Posteriormente, el Consejo de Gobierno de la asociación autorizó a sus Comités de Derechos Humanos y Derecho Internacional a realizar las averiguaciones.

“El comportamiento ilegal del gobierno de Cabo Verde no solo puede desprestigiar a la Cedeao y la Unión Africana, sino que también abre el camino para que los grandes países violen el estatus diplomático de nuestros diplomáticos por excusas endebles o conveniencia política”, advirtió Uwaifo, reseñó el periódico nigeriano Vanguard.

“Esta situación inaceptable también puede alentar a otros países dentro de la Cedeao y la Unión Africana a sucumbir a las presiones ilegales, violar los Protocolos y tratados de la Cedeao y la Convención de Ginebra. Esto, a su vez, conducirá al caos y al colapso total de nuestra tan preciada cohesión como grupo subregional”, añadió.

Como defensores y custodios del estado de derecho, señaló la Asociación de Abogados de África, la situación resulta embarazosa. Por lo tanto, aconsejó al gobierno de Cabo Verde seguir la línea de la legalidad, respetar el estado de derecho y liberar de inmediato a Saab para que continúe con las supuesta misión diplomática que le delegó el régimen de Maduro.

“Si Cabo Verde no sigue este camino de la legalidad, la Asociación de Abogados de África puede verse obligada a pedir sanciones integrales contra el país por parte de la Cedeao, la Unión Africana y la Organización de las Naciones Unidas”, expresó Uwaifo.

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Reportan fluctuaciones eléctricas en algunos estados del país.

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Este martes usuarios en las redes sociales hacen un llamado a Corpoelec, en vista de las fluctuaciones eléctricas que sufren.

Parte de Miranda, zonas de Anzoátegui y Aragua, fueron algunas de las entidades que reportaron la afectación.

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