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Birmanos salen a las calles mientas restringen el internet a escala nacional.

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La junta militar de Birmania ordenó este sábado el corte del acceso a internet a escala nacional, lo que coincide con las primeras manifestaciones masivas contra el golpe de Estado militar del lunes, informaron varias fuentes.

La teleoperadora Telenor, con sede en Noruega, indicó en un comunicado que su subsidiaria en Birmania y las operadoras del país recibieron la orden de bloquear toda red de datos por parte del Ministerio de Transporte y Comunicación para impedir la divulgación de «noticias falsas» y garantizar «la estabilidad y el interés» de la nación.

Telenor expresa su «profunda preocupación por los acontecimientos en desarrollo» y asegura que ha pedido a las autoridades que «mantengan el acceso en todo momento para garantizar los derechos de las personas de libertad de expresión y acceso a la información», aunque asegura que no pueden oponerse a orden del Ejército.

La operadora también confirma que las redes para llamadas telefónicas y mensajes de texto siguen en funcionamiento.

La retransmisión en vivo en las redes sociales de las protestas fue interrumpida de manera súbita, mientras que varias personas confirmaron a Efe que las comunicaciones vía por aplicaciones de móvil han caído.

La oenegé Amnistía Internacional (AI) denuncia que el gobierno militar ha ordenado a todas las compañías de telecomunicación el cierre de internet hasta el próximo lunes.

«Los militares deben restablecer todas las telecomunicaciones de inmediato y dejar de poner en peligro los derechos de las personas. Todos los operadores móviles y proveedores de telecomunicaciones de Birmania deben solicitar una aclaración urgente a las autoridades», denuncia en un comunicado el subdirector regional de campaña de AI, Ming Yu Hah.

Miles de personas tomaron esta mañana las calles de Rangún, antigua capital y ciudad más poblada del país, para manifestar su rechazo contra la nueva junta militar, encabezada por el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Min Aung Hlaing.

Antes de que se cortara el directo, los manifestantes se encontraban frente a varias unidades de la Policía, ataviadas con material antidisturbios.

«Birmania registra un apagón de internet a estala nacional. Desde la mañana del sábado, la conexión en todo el país ha bajado un 54 % sobre los niveles habituales, los usuarios están sufriendo dificultades para conectarse a internet», apuntaba antes del bloqueo completo el portal de seguimiento Netblocks.

Los militares, que ya gobernaron el país con puño de hierro desde 1962 hasta 2011, tomaron el poder el lunes al alegar un fraude masivo en las elecciones de noviembre, donde el partido liderado por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi arrasó al imponerse en el 83 % de los escaños en liza.

Para tratar de frenar el incipiente movimiento de desobediencia civil iniciado, la junta militar ya ordenó en los últimos días el bloqueo al acceso a las redes sociales Facebook, y algunas de sus plataformas como Instagram o Whatsapp, así como Twitter.

A pesar de la celebración de elecciones y el proceso iniciado en 2011 en Birmania hacia una «democracia disciplinada», como la denominan los uniformados, el Ejército mantenía todavía un amplio control sobre los aspectos políticos y económicos del país.

#EFE.

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Piden a Biden no reabrir centro de menores migrantes.

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Las organizaciones Earthjustice y American Friends Service Committee (AFSC) afirmaron este martes que el centro de detención de menores indocumentados de Homestead, al sur de Miami, es «tóxico e inseguro» por contaminación del suelo y el agua subterránea y pidieron al Gobierno de EEUU su cierre permanente.

«La administración de (Joe) Biden debería centrarse en reunir a los niños con sus familias, en lugar de ampliar su capacidad para detener a los menores», dijo Guadalupe de la Cruz, directora del programa para jóvenes y trabajadores agrícolas de AFSC.

Según informaciones publicadas en la prensa, el Gobierno del demócrata Joe Biden se propone reabrir el centro de Homestead, a 40 kilómetros de Miami, como un «refugio» para menores migrantes de 13 a 17 años, algo que De la Cruz calificó hoy de «inconcebible».

Las dos organizaciones reclamaron en un comunicado que no solo no se reabra ese centro sino que se libere a todos los migrantes en centros de detención en EE.UU. por condiciones insalubres.

El terreno donde está instalado el centro de Homestead, que fue abierto en 2016 y cerrado en 2019 por la Administración de Donald Trump a raíz de numerosas protestas y polémicas, perteneció antes a una base de la Fuerza Aérea y está situado cerca de un lugar que «que contiene ocho puntos críticos contaminados por 16 contaminantes diferentes», dice el comunicado.

«Los contaminantes que se encuentran en el suelo y el agua subterránea de esta área incluyen metales, pesticidas, compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, y compuestos volátiles clorados como resultado de fugas, derrames, manejo de desechos de materiales peligrosos y otros procesos industriales y militares», señalan.

Las dos organizaciones agregan que «muchos de estos contaminantes son carcinógenos humanos y causan una variedad de problemas de salud crónicos como insuficiencia renal, anemia hemolítica y otros daños en el desarrollo».

Desde 2019 Earthjustice ha presentado solicitudes de la Ley de Libertad de Información (FOIA) a diversas entidades públicas en busca de documentos sobre contaminación potencial y otros riesgos de seguridad en el centro de Homestead.

«No hay garantía ni indicios de que esta instalación sea segura para los niños detenidos allí. Sabemos que el área aledaña está plagada de contaminantes ambientales generalizados, y la falta continua de transparencia y la falta de respuesta a nuestras solicitudes de FOIA para obtener más información es increíblemente preocupante», dijo Dominique Burkhardt, abogada de Earthjustice.

Las dos organizaciones advirtieron en el comunicado que «las condiciones en las instalaciones de Homestead no son únicas».

«El gobierno estadounidense sigue mostrando un flagrante desprecio por la salud de los detenidos, incluida la esterilización forzada, el uso de desinfectantes químicos industriales en otros centros de detención de migrantes, los brotes incontrolados de covid-19 y el intento de construir otras instalaciones en lugares altamente tóxicos como los llamados Sitios Superfund», señalan en un comunicado.

Estas fallas constantes han creado «condiciones que hacen imposible mantener a salvo a las personas bajo custodia y, por lo tanto, pedimos la liberación inmediata de todas las personas detenidas en centros de detención de migrantes», agregan.

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Asociación de Abogados de África exige liberación de Alex Saab.

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La Asociación de Abogados de África exigió el lunes al gobierno de Cabo Verde que libere al empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro, por considerar ilegal la detención ocurrida en junio de 2020.

Hannibal Uwaifo, presidente del colegio, dijo en una rueda de prensa que la detención de Saab viola los protocolos de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la Carta de la Unión Africana y que, además, representa una grave violación del derecho internacional.

El abogado dijo querecibieron una petición de Camilla Fabri, esposa de Saab, para que investigaran el asunto. Posteriormente, el Consejo de Gobierno de la asociación autorizó a sus Comités de Derechos Humanos y Derecho Internacional a realizar las averiguaciones.

“El comportamiento ilegal del gobierno de Cabo Verde no solo puede desprestigiar a la Cedeao y la Unión Africana, sino que también abre el camino para que los grandes países violen el estatus diplomático de nuestros diplomáticos por excusas endebles o conveniencia política”, advirtió Uwaifo, reseñó el periódico nigeriano Vanguard.

“Esta situación inaceptable también puede alentar a otros países dentro de la Cedeao y la Unión Africana a sucumbir a las presiones ilegales, violar los Protocolos y tratados de la Cedeao y la Convención de Ginebra. Esto, a su vez, conducirá al caos y al colapso total de nuestra tan preciada cohesión como grupo subregional”, añadió.

Como defensores y custodios del estado de derecho, señaló la Asociación de Abogados de África, la situación resulta embarazosa. Por lo tanto, aconsejó al gobierno de Cabo Verde seguir la línea de la legalidad, respetar el estado de derecho y liberar de inmediato a Saab para que continúe con las supuesta misión diplomática que le delegó el régimen de Maduro.

“Si Cabo Verde no sigue este camino de la legalidad, la Asociación de Abogados de África puede verse obligada a pedir sanciones integrales contra el país por parte de la Cedeao, la Unión Africana y la Organización de las Naciones Unidas”, expresó Uwaifo.

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Reportan fluctuaciones eléctricas en algunos estados del país.

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Este martes usuarios en las redes sociales hacen un llamado a Corpoelec, en vista de las fluctuaciones eléctricas que sufren.

Parte de Miranda, zonas de Anzoátegui y Aragua, fueron algunas de las entidades que reportaron la afectación.

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