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Politica

Antonio Ledezma: Cuando un sicario “le pone las esposas” a un político es un secuestro.

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Antonio Ledezma, dirigente opositor y ex alcalde Metropolitano de Caracas, expresó a través de su cuenta oficial en la red social Twitter que, cuando un sicario, de un cártel, “le pone las esposas” a un político es un secuestro, esto como respuesta a la “amenaza” de cárcel que anunció Iris Varela al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó durante una entrevista televisiva.

Cuando un sicario, de un cártel, “le pone las esposas “a un político, empresario, estudiante, artista, soldado o simple ciudadano, eso es un secuestro, pero cuando un agente de la DEA “se las pone” a un capo del narcotráfico, eso es una detención absolutamente legal“, manifestó.

Si yo encuentro a Juan Guaidó lo detengo y lo pongo a la orden del Ministerio Público”, expresó Varela durante su entrevista con el periodista Vladimir Villegas.

Asimsimo, sostuvo que Guaidó “es un prófugo de la Justicia venezolana”, y advirtió: “Es hora de que responda por todo el daño que le ha hecho al país”.

También calificó al líder opositor de “idiota” y lo acusó de “traición a la patria”.

#LaPatilla.

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Politica

Rafael Ramírez denuncia que allanaron su casa.

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El exministro de Petróleo Rafael Ramírez indicó que este jueves funcionarios armados allanaron y ocuparon su casa. “Esta nueva acción irregular, represiva, de persecución e intimidación contra mi persona y mi familia, se producía, en el mismo momento que el fiscal general de la República se dirigía a la Asamblea Nacional, tratando de evadir su responsabilidad en la violación de los derechos humanos en el país”, señaló en un comunicado.

“Mi casa, que fue allanada y ocupada, ha sido la vivienda de mi familia durante más de 21 años, en ella crecieron mis hijos, adquirida con el esfuerzo del trabajo profesional de mi esposa como abogada en ejercicio y profesora universitaria, y el mío como ingeniero, mucho antes de haber sido designado Ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa”, explicó.

“Poco le importó, a los perpetradores de este nuevo atropello que, en vista de mi forzada ausencia, mi casa estuviera habitada por una familia, con dos hijos menores. Por las amenazas públicas y notorias recibidas por parte de Maduro y su gobierno, no he podido volver a mi país, y tengo que vivir en el exilio para preservar mi vida y la seguridad de mi familia”, agregó.

Rafael Ramírez advierte sobre agresiones
Afirmó que esta nueva agresión, a todas luces ilegal, es parte de la continuada violencia ordenada por Maduro en su contra. “Quiero denunciar ante el pueblo venezolano y el mundo –tal como acabo de hacer ante la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU–, que mi vida y la seguridad de mi familia, corren peligro, debido a que Maduro se ha propuesto, ya como un asunto de venganza personal, atacarme, por el solo hecho de haber levantado mi voz para denunciar la destrucción de Venezuela y la entrega de nuestro petróleo”, aseguró Rafael Ramírez.

Dijo que la violencia ejercida en su contra por Maduro es de un encono y una desproporción que no tiene precedentes: “Mis perseguidores son los mismos que han destrozado al país y a su industria petrolera; son los mismos que han perseguido con saña a los trabajadores y gerentes de Pdvsa; son los mismos que dejaron morir en prisión al exministro Nelson Martínez; son los mismos señalados, en el informe de la Comisión Internacional Independiente del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, como perpetradores y cómplices de crímenes de lesa humanidad y del establecimiento de la violación de los derechos humanos como política de Estado, contra el pueblo venezolano, como consta en los informes de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU”.

Violencia en su contra
Ramírez señaló que hacía responsable de su vida y la seguridad su familia a Maduro y a Tarek Williams Saab, “por ser estos instigadores directos de la violencia en mi contra, violadores de mi derecho a la presunción de la inocencia, de mi derecho a la dignidad y a la vida”.

“Venezuela, hoy día, es un país peligroso, de falsos positivos, de infamias, donde se persigue a los inocentes, se levantan expedientes amañados, para justificar ante la opinión pública, las acusaciones, agresiones y persecución política; donde no existe el Estado de Derecho, la separación de poderes, no hay ningún tipo de garantías y los cuerpos de seguridad y el Ministerio Público, están al servicio de la discrecionalidad y los arranques de ira del presidente, al que su manera de actuar lo iguala a un tirano”, recalcó.

Vía El Nacional.

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Politica

Javier Bertucci: “No había una orden del Departamento de Estado de EE UU para devolverme a Venezuela”.

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Javier Bertucci, diputado a la Asamblea Nacional chavista, aseguró el viernes que el Departamento de Estado de Estados Unidos desconocía las ordenes los funcionarios de Migración de no permitirle la entrada al país el pasado 25 de enero.

“No sé cuál era la idea de que yo no entrara y no hablara en las reuniones que tenía. No sé si hay un grupo que persiste en secuestras las relaciones con EE UU para mantener un conflicto”, dijo.

Bertucci detalló que luego de los sucedido le entregaron un informarle sobre su deportación y en él no hay argumentos sólidos que justifiquen la medida.

Además, indicó que en ese documento lo clasificaron como “diputado de la Asamblea nacional constituyente”.

Por su parte, el parlamentario aseguró que tenía todos sus documentos en regla y en vigencia. “Mi pasaporte estaba vigente, mi prueba PCR negativa vigente, así que no había nada que ameritaba el no ingreso a Estados Unidos”, explicó en una entrevista para Unión Radio.

“Me llevaron al famoso ‘cuartico’, que ahí es donde se revisa y se hace un chequeo a todos los pasajeros y se decide si entran o no entran. Dos funcionarios identificados me preguntaron sobre por qué estaba en Estados Unidos y dónde estaban mis propiedades”, comentó.

El parlamentario señaló que las autoridades sugirieron que su viaje se había realizado a través de un vuelo privado, señalamiento que desmintió asegurando que entró al país en dos vuelos comerciales.

Demanda
Por otro lado, dijo que pondría una demanda por las irregularidades de su deportación.

“No es una orden del Departamento de Estado o de un alto funcionario de la administración Biden. Es un caso aislado de un funcionario que usó el mismo lenguaje radical que uno ha oído aquí en Venezuela”, dijo.

Aseguró que cuando las autoridades del país revisen el caso, que será presentado por sus abogados, revertirán la decisión.

Reuniones
Bertucci explicó que sus reuniones en el país, en carácter de exploración, se realizarían con organizaciones como el Centro Carter y el Concilio de las Américas, además de dos ONG de ayuda humanitaria.

“Esta acción hizo que estas organizaciones se solidarizaran, ahora avanzamos más rápido con un programa piloto que beneficiaría a 100.000 familias”, informó.

Bertucci deportación

Explicó que para la entrada al país de los medicamentos y alimentos que comprende el programa, se haría a través de proveedores nacionales para ayudar a la economía nacional.

Vía El Nacional.

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Politica

La venta de arroz con sobreprecio en la que presuntamente estuvo implicada la hija Chávez.

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La foto había sorprendido a todos: María Gabriela Chávez, la hija del expresidente venezolano Hugo Chávez, posaba sonriente en 2014 junto a la familia Vignati, sus “hermanos argentinos”, como ella los definió en sus redes sociales. La relación ya había trascendido la amistad: la empresa argentina Bioart SA había exportado por 60 millones de dólares a Venezuela, un negocio con supuestas irregularidades que salpicaba a la hija de Hugo Chávez en una investigación preliminar de la justicia.

Del lado argentino, las relaciones sociales de los Vignati también se extendían a la política. Facundo De Vido, el hijo del entonces ministro que manejaba extraoficialmente la diplomacia con Venezuela, estuvo habilitado legalmente para conducir una camioneta a nombre de la empresa. La exportación de arroz sería apenas el primer negocio que los Vignati, con el aval de los funcionarios argentinos, hicieron con el chavismo.

Bioart SA fue la única empresa habilitada entre 2012 y 2013 para vender arroz a Venezuela a través de un acuerdo binacional en el que no tuvo competidores, a pesar de sus escasos antecedentes en el rubro. La fiscalía especializada en lavado de dinero denunció a los Vignati por presuntos sobreprecios que acumularon US$23 millones, pero estas pruebas no alcanzaron: la justicia sobreseyó a todos los acusados en medio de la pandemia al entender que los sobreprecios fueron “proporcionales al riesgo” que asumía la empresa al venderle a un país en crisis como Venezuela.

Esta causa judicial sobre la exportación de arroz es apenas un ejemplo del trámite que llevan las investigaciones judiciales por ventas fraudulentas a Venezuela. Casi ninguna avanza y, las pocas que han logrado vencer la falta de colaboración desde Caracas, llevan demoras de más de una década, como el caso de Antonini Wilson, que continúa sin resolverse a pesar de que la investigación lleva más de una década.

La exportación de arroz con cáscara a Venezuela fue un negocio redondo para la familia Vignati. Fueron los únicos oferentes que vendieron arroz aprovechando el acuerdo binacional que les aseguró una facturación de 60 millones de dólares en dos años. Después de una investigación preliminar, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció en 2017 que las ventas de Bioart a Venezuela habían registrado un sobreprecio de 40%.

La complicidad de Hugo Chávez

Los fiscales Gabriel Pérez Barbera y Laura Roteta denunciaron que Bioart SA exportó arroz con cáscara por 606,5 dólares la tonelada, un valor que “duplicaría el precio de mercado del mismo producto, que entonces rondaba por 310 dólares”. Los fiscales valoraron otros elementos. La Unidad de Información Financiera (UIF) había señalado a los Vignati en seis reportes de operación sospechosa (ROS) vinculados a compras de propiedades, vehículos, así como adquisiciones de moneda extranjera, inversiones a través de sociedades de bolsa y hasta compra de joyas entre 2013 y 2015, inmediatamente después de hacer los negocios con Venezuela. Las alertas desde el sistema bancario llegaban porque se trataba de movimientos “inusuales” en las cuentas de la familia.

La exportación de arroz con cáscara fue apenas el primer paso de ventas millonarias a Venezuela para los Vignati. Siempre bajo el paraguas de los acuerdos bilaterales, Bioart le vendió al chavismo aceite de soja, leche en polvo y maíz por al menos 145 millones de dólares, según un relevamiento realizado por la Sindicatura General de la Nación.

Los fiscales agregaron pruebas a la vinculación política de los Vignati. La empresa Bioart autorizó a Facundo De Vido, el hijo del entonces ministro de Planificación Federal, a conducir una camioneta Toyota Hilux 4×4, que formaba parte de su flota de vehículos, según consta en el expediente. Su padre, Julio, había sido el artífice de todos los convenios bilaterales que se firmaron con Venezuela y bajo su poder estaba manejar la diplomacia desde Argentina, una relación privilegiada por la amistad que mantenía Chávez con el matrimonio Kirchner.

¿Por qué Bioart SA vendió arroz más caro a Venezuela? Los fiscales de la Procelac acusaron a la empresa de un presunto pago de sobornos para defraudar al Estado venezolano, pero Roberto Vignati explicó ante la justicia que su empresa “decidió asumir los riesgos inherentes al contexto” de ese país, que había entrado en cesación de pagos. “Naturalmente, la asunción de riesgos se traslada a los precios; los riesgos no se asumen gratuitamente”, sostuvo durante su declaración.

“Venezuela ya no era la misma que hacía dos años, los riesgos asumidos para venderle no eran los mismos, el contexto económico, los valores de los fletes no eran los mismos y, en fin, las condiciones comerciales no eran las mismas que estaban vigentes entre 2009 y 2012, cuando las otras cuatro empresas exportaron cientos de miles de toneladas de arroz a Venezuela”, agregó Vignati, según consta en el expediente judicial.

Sobreseídos
La fiscal Paloma Ochoa, que estuvo tres años a cargo de la investigación, finalmente determinó en junio de 2020 que Bioart SA no había cometido ningún delito, una decisión luego avalada por el juez Daniel Rafecas. La fiscal consideró, después de valorar prueba de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Aduana, que el aumento de precio aplicado por Bioart SA “fue proporcional” en comparación a la última exportación del mismo producto realizado dos años antes.

Ochoa sostuvo que los testimonios de otros exportadores de arroz citados como testigos en el caso “revelaron que los costos y los riesgos en las operaciones llevadas a cabo por Bioart SA fueron superiores a los asumidos por los restantes exportadores, por haberse efectuado a precio cerrado”. Y agregó que “no existe un precio internacional para el arroz con cáscara”, por eso “su fijación depende de los términos de la operación comercial acordados” con el comprador del producto, en este caso el Estado venezolano.

La fiscal decidió dictar el sobreseimiento de los acusados sin esperar la respuesta del exhorto que envío a Venezuela para reclamar información tanto de los Vignati como de las investigaciones judiciales en curso en ese país sobre el entonces ministro de Alimentación de Venezuela, Félix Osorio Guzmán, que fue señalado en la denuncia como parte del esquema de irregularidades.

la hija de Chávez

Por último, antes de pedir el archivo del caso, la fiscal Ochoa rechazó “las supuestas conexiones políticas” que señalaron sus pares de la Procelac después de comprobar que los Vignati no formaron parte de ninguna misión comercial de la Argentina entre 2012 y 2013. Pero pese a no integrar comitivas oficiales, los Vignati ya estaban en boca del poder desde hacía años.

22 de enero de 2009, Caracas. Hugo Chávez era el anfitrión de un acto con Cristina Kirchner. Mientras repasaban la lista de las decenas de acuerdos comerciales que iban a firmar ese día, la entonces presidenta argentina nombró a “Talleres Marisa SRL”, la empresa predecesora de Bioart para venderle a Venezuela. “¿Marisa?”, preguntó Chávez. “Sí, Marisa SRL”, afirmó Cristina.

Vía GDA.

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